Acusados de “extremismo religioso”: padres cristianos luchan por recuperar la custodia de sus hijas en Suecia

Asistir varias veces por semana a la iglesia, orar en familia y educar a los hijos en valores cristianos son prácticas comunes para millones de creyentes en todo el mundo. Sin embargo, un caso ocurrido en Suecia ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad religiosa, luego de que una familia cristiana perdiera la custodia de sus hijas tras ser acusada de “extremismo religioso”.
El caso involucra a Daniel y Bianca, un matrimonio cristiano originario de Rumania que reside en Suecia. Desde hace más de tres años luchan para recuperar la custodia de sus dos hijas, quienes fueron apartadas del hogar familiar en 2022. La situación comenzó ese mismo año, cuando la hija mayor del matrimonio realizó una denuncia contra sus padres en su escuela. Según relataron posteriormente los propios padres, la acusación surgió luego de que ellos se negaran a permitirle tener un teléfono celular y utilizar maquillaje. Tiempo después, la menor se retractó de su denuncia.
A pesar de esta retractación, y de que la Fiscalía no encontró pruebas que confirmaran un supuesto caso de abuso, las autoridades suecas retiraron a las niñas del hogar familiar a finales de 2022. En ese proceso, un abogado estatal calificó a los padres como “extremistas religiosos” citando como motivos la negativa a permitir que las niñas usaran maquillaje y la práctica regular de su fe, que incluía asistir a la iglesia tres veces por semana, orar en familia y mantener ciertos valores cristianos en su cotidianidad.
Desde entonces, las dos niñas permanecen separadas entre sí y viven en diferentes hogares de acogida. Según denuncian los padres, la justicia sueca ha ignorado tanto la falta de pruebas en su contra como el deseo expresado por las propias niñas de regresar a su hogar y reunirse nuevamente con su familia.
En julio de 2024, Daniel y Bianca comenzaron a asistir a una formación parental obligatoria impuesta por las autoridades. Tras completar el proceso, los terapeutas certificaron su capacidad para ejercer la paternidad. A pesar de ello, la justicia sueca aún no les ha devuelto la custodia de sus hijas.
Mientras tanto, el contacto entre padres e hijas es extremadamente limitado. Actualmente, Daniel y Bianca solo pueden ver a sus hijas una vez al mes, una situación que, según afirman, ha provocado un profundo sufrimiento emocional en toda la familia. Los padres también denuncian que las niñas han experimentado una prolongada angustia emocional durante este tiempo. Según su testimonio, incluso han manifestado episodios de fuerte sufrimiento psicológico y deseos de quitarse la vida.
Tras agotar todas las instancias legales dentro de Suecia, la familia decidió llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2025. Allí denunciaron al Estado sueco por violación de sus derechos parentales y del derecho a la vida familiar.
La familia cuenta con el respaldo de ADF International (Alliance Defending Freedom International), una organización que defiende la libertad religiosa y los derechos fundamentales. Según la entidad, educar a los hijos conforme a la fe cristiana constituye una expresión legítima de las convicciones religiosas, protegida por el derecho internacional. El Convenio Europeo de Derechos Humanos establece en su Artículo 8 que toda persona tiene derecho al respeto de su vida familiar sin injerencia arbitraria del Estado. Asimismo, el Artículo 9 garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluyendo el derecho a manifestar la propia fe individual o colectivamente, en público o en privado. Derechos que han sido vulnerados en el caso.
Para los defensores de la familia, el caso refleja serias preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema de protección infantil en Suecia y el respeto a las libertades fundamentales. Uno de los abogados de ADF International declaró:
“Este caso ataca el corazón del derecho más fundamental de los padres: la libertad de cuidar y proteger a sus propios hijos. Los Samson están viviendo la peor pesadilla: haber sido separados de sus dos hijas mayores por el Estado durante más de tres años”.
El proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría convertirse en un caso clave para determinar hasta dónde puede llegar la intervención estatal en la vida familiar y en la práctica de la fe en Europa.

Por Abigail Pajello