Gobierno chileno impulsa legalización del aborto libre hasta las 14 semanas: polémica y rechazo desde sectores provida
Santiago de Chile — En una decisión que ha generado fuerte controversia, el Gobierno de Chile presentó este miércoles un proyecto de ley para permitir el aborto sin causales hasta las 14 semanas de gestación. La medida, promovida por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y respaldada por el presidente Gabriel Boric, ha sido duramente cuestionada por organizaciones y ciudadanos que defienden el derecho a la vida desde la concepción.
La ministra Antonia Orellana, encargada de anunciar la propuesta en La Moneda, defendió la necesidad de reabrir el debate legislativo sobre el aborto, a pesar de que el país ya cuenta con una ley que lo permite en tres situaciones extremas: peligro para la madre, inviabilidad fetal y violación. Esta normativa, vigente desde 2017, representó en su momento un cambio profundo respecto a la protección de la vida del no nacido en Chile.
La nueva iniciativa va mucho más allá, al proponer la legalización del aborto sin necesidad de justificar ninguna razón durante los primeros tres meses y medio de embarazo. Esto significa, en la práctica, que se permitiría interrumpir la vida de un ser humano en pleno desarrollo por decisión voluntaria, sin que medie ninguna circunstancia médica o ética.
“Hoy vamos a abrir la discusión en el Congreso”, declaró la ministra, haciendo referencia al decreto de la dictadura que prohibió el aborto terapéutico. Sin embargo, para quienes defienden los derechos del niño por nacer, lo que se está abriendo no es un debate, sino una puerta peligrosa hacia la normalización del aborto como solución frente a embarazos no deseados.
El presidente Boric ya había expresado su intención de avanzar hacia la despenalización total del aborto en su discurso del año pasado ante el Congreso Nacional. A pesar de ello, su gobierno admite que será difícil lograr la aprobación antes del fin del mandato en 2026, debido a la falta de mayoría parlamentaria y la férrea oposición de sectores provida.
Grupos defensores de la vida han recordado que el aborto no es una política de salud pública, sino una práctica que termina con una vida humana. Además, cuestionan que mientras se habla de derechos reproductivos, se silencie el derecho más básico: el de nacer.
De acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), sólo un 34% de los chilenos apoya el aborto sin restricciones, mientras que la mitad de la ciudadanía solo lo respalda en situaciones excepcionales. Estos datos revelan que la mayoría de los chilenos no comparte la visión radical que propone el gobierno.
Las cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que se registran cuatro muertes anuales vinculadas a abortos clandestinos, un número que, si bien lamentable, es usado como argumento para justificar una ley que podría terminar con miles de vidas por año.
Para los movimientos provida, la respuesta no está en ampliar el acceso al aborto, sino en fortalecer el apoyo a las mujeres embarazadas, promover la adopción y proteger a los más vulnerables: los niños por nacer