Reconocimiento histórico: Córdoba oficializa la personería religiosa para las iglesias evangélicas
En un acto multitudinario que reunió a más de 500 líderes religiosos en el Centro de Convenciones Córdoba, el gobernador Martín Llaryora firmó un decreto clave que reconoce oficialmente la personería religiosa de las iglesias evangélicas en la provincia. La medida, largamente esperada por el Consejo Pastoral Evangélico, elimina la necesidad de que estas comunidades se inscriban como asociaciones civiles o fundaciones, facilitando así su acceso a trámites legales, administrativos e incluso financieros.
El decreto permite que las iglesias evangélicas puedan operar bajo su propia identidad jurídica y estatutaria, sin recurrir a estructuras intermedias, lo que representa un avance sustancial en términos de autonomía institucional. “Hoy dejamos atrás una etapa donde muchos debían esconder su identidad institucional detrás de formatos ajenos. Es un acto de estricta justicia”, expresó el gobernador, quien fue recibido con entusiasmo por los pastores presentes.
Entre los asistentes se encontraban altos funcionarios del gobierno provincial y municipal, incluyendo al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y al ministro de Gobierno, Manuel Calvo. También participó el intendente de Santiago Temple, Marcos Farace, figura clave en el vínculo entre el gobierno y el universo evangélico. La firma del decreto, que no se había anunciado con antelación, fue transmitida por medios religiosos nacionales y contó con la presencia del reconocido pastor Daniel González, de Buenos Aires.
Carlos Belart, presidente del Consejo Evangélico y referente de la iglesia “Cita con la Vida”, destacó el valor simbólico y político de este reconocimiento: “Después de décadas de lucha, este acto nos permite ser reconocidos como lo que siempre fuimos: una iglesia con identidad propia. No es un favor político, es justicia pura”.
Este nuevo estatus legal abre además la puerta a gestiones internacionales y cooperación con entidades del exterior, especialmente de Estados Unidos, que tradicionalmente financian actividades religiosas y sociales. Hasta ahora, esa posibilidad estaba limitada por la figura jurídica de ONG o fundación bajo la cual muchas iglesias operaban de manera adaptada.