La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó esta semana un controvertido proyecto de ley que busca permitir la eutanasia y el suicidio asistido en el país. La iniciativa, que aún debe ser ratificada por el Senado, permitiría que personas con enfermedades terminales o sufrimientos considerados “insoportables” soliciten la intervención médica para poner fin a sus vidas.
La votación en el Parlamento tuvo lugar en la madrugada del miércoles, con 64 votos a favor y 29 en contra, superando el mínimo requerido de 50 votos. De ser aprobado también por la Cámara Alta, Uruguay se convertiría en el tercer país de América Latina en legalizar la muerte asistida, después de Colombia y Ecuador.
El proyecto establece que podrán solicitar este procedimiento los mayores de edad con plena capacidad mental que enfrenten una enfermedad irreversible o sufran dolores que no respondan a tratamiento. Para que se autorice, se requiere la evaluación de dos médicos y que el solicitante sea ciudadano uruguayo o residente legal.
No obstante, la propuesta ha generado profunda preocupación en sectores médicos, religiosos y sociales que advierten sobre las implicancias de abrir la puerta a prácticas que terminan deliberadamente con la vida humana. Diversas organizaciones provida sostienen que esta legislación representa un debilitamiento de la protección jurídica del derecho a la vida, especialmente para personas vulnerables, como los pacientes terminales, ancianos y discapacitados.
“El verdadero progreso no consiste en acelerar la muerte, sino en acompañar con dignidad, cuidados paliativos y humanidad a quienes sufren”, señalaron voceros de grupos que se oponen a la eutanasia. Agregaron que el Estado debería fortalecer el sistema de salud y el acceso a tratamientos que alivien el dolor, en lugar de ofrecer como solución la muerte.
El debate sobre este tema no es nuevo en Uruguay. Ya en 2019 se había presentado una propuesta similar, que fue rechazada por el Senado en 2022. Desde 2013, la legislación uruguaya permite a pacientes rechazar tratamientos que prolonguen la vida de forma artificial. Sin embargo, tanto la eutanasia como el suicidio asistido siguen siendo considerados delitos bajo la figura de “homicidio piadoso” en el Código Penal.
El texto aprobado por la Cámara de Diputados fue impulsado por legisladores del Frente Amplio y algunos sectores de la oposición, con respaldo de la Comisión de Salud. Según se informó, la intención es someter el proyecto a votación en el Senado antes de fin de año.
En el plano internacional, aunque algunos países han avanzado en legislaciones similares, las críticas no han cesado. Especialistas en bioética insisten en que la legalización de la eutanasia puede llevar a presiones sociales o familiares sobre los enfermos, que podrían sentirse una carga y optar por la muerte como única salida.
A pesar de que una encuesta de 2022 mostró un amplio apoyo ciudadano a la eutanasia en ciertos casos, los defensores de la vida recuerdan que las mayorías no siempre garantizan decisiones éticamente correctas. “La dignidad humana no se mide por la salud, la juventud ni la productividad. Toda vida merece ser protegida, acompañada y valorada hasta el final”, afirmaron.