Una victoria significativa para los creyentes cristianos y defensores de la libertad de culto se concretó esta semana en el Congreso de la República, luego de que el senador del Pacto Histórico, Alberto Benavides, retirara oficialmente los polémicos proyectos de ley 057 y 058 de 2025. Estas propuestas, que despertaron una fuerte preocupación en sectores religiosos, pretendían establecer un control estatal sobre las iglesias y dar reconocimiento jurídico a prácticas espirituales ancestrales, algunas de ellas consideradas incompatibles con los principios cristianos.
El retiro fue comunicado por el propio senador mediante una carta enviada a la Secretaría del Senado, en la cual anunció su decisión de retirar ambas iniciativas legislativas. Estas reformas incluían, entre otras cosas, la posibilidad de modificar la Ley de Libertad Religiosa (Ley 133 de 1994), para incluir dentro del marco legal a rituales asociados a la brujería, el satanismo y otras expresiones parapsicológicas.
Diversos líderes cristianos, tanto evangélicos como de otras confesiones, alzaron su voz desde el primer momento en contra de estas propuestas. Entre ellos, la senadora Lorena Ríos Cuéllar, firme defensora de la libertad religiosa, celebró la noticia como una respuesta a la oración y la movilización de miles de creyentes en todo el país. “¡LO LOGRAMOS! Es un triunfo del pueblo de Dios, de las iglesias que se unieron en oración y acción para proteger el derecho a creer sin interferencias ni distorsiones ideológicas”, expresó la senadora.
El retiro de los proyectos fue el resultado de un amplio rechazo ciudadano, en especial por parte de iglesias evangélicas, que consideraron estas iniciativas un atentado directo contra la fe cristiana y una amenaza a la sana doctrina. Desde regiones como Urabá y Antioquia, se enviaron cartas a los congresistas exponiendo los riesgos que implicaría abrirle la puerta legal a prácticas que pueden atentar contra la integridad espiritual y moral de la sociedad.
El pastor Faber Róvira Rivas expresó su preocupación con claridad: “Reconocer legalmente la brujería bajo el amparo de la libertad religiosa sería un grave error. Muchas personas acuden a estas prácticas para hacer daño. No podemos ponerlas al mismo nivel que las enseñanzas de Cristo”.
A su vez, Laureano Saavedra, integrante de la Mesa Departamental de Libertad Religiosa en Antioquia, recordó que la legislación vigente ya protege la libertad de culto sin necesidad de incluir expresiones que muchos consideran oscuras o peligrosas. “La ley actual ya es amplia y garantiza la pluralidad religiosa. Pretender igualar lo sagrado con lo profano es un retroceso social y espiritual”, afirmó.
El proyecto 057, por su parte, buscaba implementar una supervisión directa por parte del Ministerio del Interior sobre las entidades religiosas, incluyendo la fiscalización de su contabilidad y beneficios tributarios, además de la posibilidad de suspender personerías jurídicas. Esta medida fue percibida como un intento de intervención estatal que vulneraría la autonomía de las iglesias.
Frente al creciente rechazo, incluso el propio Gobierno Nacional se distanció de las propuestas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que estas iniciativas no cuentan con el respaldo del Ejecutivo y reafirmó que la fe “es un derecho fundamental, no una concesión del Estado”.
La decisión de retirar los proyectos ha sido recibida como una respuesta directa de Dios por parte de muchas comunidades de fe, que desde el inicio alzaron su voz en oración y en defensa de su libertad. Como bien expresó la senadora Ríos, este resultado “reafirma que ninguna ley puede estar por encima del derecho que tenemos de creer, de predicar y de vivir conforme a los principios eternos de la Palabra de Dios”.