El Parlamento portugués aprobó este viernes una propuesta de ley que busca prohibir el uso del burka y otras prendas que cubran el rostro en lugares públicos. La iniciativa, impulsada por el partido Chega, contó con el respaldo del Partido Social Demócrata (PSD), Iniciativa Liberal y CDS-PP, mientras que PAN y JPP optaron por abstenerse. El resto de las bancadas —PS, Livre, PCP y Bloco de Esquerda— votaron en contra.
El proyecto establece que no se podrá utilizar ropa que oculte total o parcialmente el rostro en espacios de acceso público, salvo en casos justificados por motivos de salud, seguridad, trabajo, arte o condiciones climáticas. También se exceptúan los aviones, las sedes diplomáticas y consulares, así como los templos religiosos o lugares considerados sagrados.
De acuerdo con la propuesta, la medida busca “impedir que se obligue a cualquier persona a cubrir su rostro por razones de género o religión”. Tras esta aprobación inicial, el texto pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, donde podrá ser ajustado antes de volver al pleno para su votación final. Si es promulgada por el presidente, la ley entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diário da República.
La futura normativa abarcará todo espacio público, incluidas las calles, edificios oficiales y cualquier lugar abierto o destinado al servicio público. También regirá para eventos deportivos, manifestaciones o actividades de libre acceso ciudadano.
En cuanto a las sanciones, se prevén multas de entre 200 y 2.000 euros para los infractores, y de 400 a 4.000 euros si se demuestra intención deliberada. Asimismo, quienes fuercen a otros a ocultar su rostro mediante coerción, violencia o abuso de autoridad podrán ser castigados con penas de hasta tres años de prisión, según el Código Penal portugués.
Durante el debate parlamentario, el líder de Chega, André Ventura, defendió la medida alegando que todos los que lleguen a Portugal “deben respetar las costumbres y valores del país”. Desde el Partido Socialista, el diputado Pedro Delgado Alves criticó la iniciativa por considerar que promueve la discriminación y “dirige el odio hacia comunidades religiosas” que, a su juicio, también merecen respeto.
El PSD, que encabeza el actual Gobierno, mostró su apoyo al principio general del proyecto, aunque advirtió que “el texto puede y debe ser perfeccionado” durante la discusión técnica.