Santa Fe – En medio del debate nacional sobre las políticas de hormonización en menores de edad, la provincia de Santa Fe volvió a estar en el centro de la polémica tras la publicación de la Disposición Ministerial N° 010 del Ministerio de Salud.
La medida autoriza la continuidad de tratamientos hormonales y bloqueadores de pubertad en menores, contrariando el decreto nacional que prohíbe este tipo de prácticas.
Para conocer la mirada de quienes cuestionan esta decisión, Dialogamos con Ezequiel Torres, Cristiano Evangélico y dirigente del partido Nuevas Ideas, quien advierte sobre las consecuencias éticas, sanitarias y sociales de estas políticas.
—Ezequiel, ¿Qué implica concretamente la nueva disposición del gobierno de Santa Fe?
La disposición del Ministerio de Salud habilita que menores de edad continúen recibiendo tratamientos de hormonización y bloqueadores hormonales, incluso cuando el decreto nacional los prohíbe. En otras palabras, la provincia decide ir por un camino propio, ignorando el principio de precaución y exponiendo a los niños a intervenciones irreversibles.
—¿Hay datos oficiales sobre la magnitud de esta práctica en la provincia?
Sí. Según la propia página del Gobierno de Santa Fe, en 2023 existían 65 establecimientos registrados como proveedores de tratamientos de hormonización. Además, en 2024 se presentó un informe conjunto de UNICEF y el Gobierno Provincial, donde se menciona la “inclusión de estas políticas” en programas dirigidos a niños y adolescentes. Es decir, no se trata de casos aislados, sino de una política institucionalizada.
—El gobierno provincial defiende la medida como una ampliación de derechos. ¿Qué piensa usted?
Presentarlo como una “defensa de derechos” es un argumento muy peligroso. Estamos hablando de niños, no de adultos que pueden decidir plenamente. El Estado no está defendiendo derechos: está interviniendo químicamente el desarrollo de menores de edad, mientras los hospitales siguen sin insumos básicos. No se trata de libertad, sino de manipulación bajo una bandera ideológica.
—¿Usted cree que esta política tiene relación con la reforma constitucional provincial?
Por supuesto. Esta decisión no surge en el vacío. En la reciente reforma constitucional no se reconoció al niño por nacer como sujeto de derecho, y los artículos sobre educación y salud quedaron redactados con una ambigüedad que permite justificar la hormonización, el aborto y la ideología de género como políticas de Estado.
El gobernador tenía poder político y margen para detener esta deriva, pero eligió sostener un modelo ideológico antes que una política sanitaria responsable
—Usted ha hablado de contradicciones dentro del propio Estado. ¿A qué se refiere?
A que el mismo Estado que no garantiza pediatras en los hospitales públicos financia bloqueadores hormonales para niños sanos. Además, a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), la provincia sigue produciendo misoprostol gratuito con los impuestos de todos los santafesinos.
Esto no es una política de salud: es una política ideológica. Santa Fe no necesita más ideología en los ministerios; necesita sentido común y una verdadera prioridad por la infancia.
—¿Cuál sería, a su juicio, una política de infancia responsable?
Un gobierno que realmente protege a los niños no es el que los medicaliza, sino el que los cuida, los orienta y los acompaña.
El Estado debe ser garante de la salud integral, no promotor de experimentos sociales con consecuencias irreversibles. Cuando el Estado deja de proteger la vida y la salud de los niños, deja de ser un Estado que mira al futuro.
—¿Un último mensaje para los ciudadanos santafesinos?
Les diría que abramos los ojos. No se trata de religión ni de política partidaria, sino de humanidad. Estamos hablando de niños, y ningún gobierno tiene derecho a manipular su desarrollo bajo el pretexto de la inclusión. Defender la niñez es defender el futuro de todos.