La decisión del tribunal europeo generó una rápida y contundente reacción de la Iglesia católica polaca, institución de fuerte influencia social y política en el país. Voceros de la Conferencia Episcopal de Polonia expresaron su preocupación por lo que consideran una “imposición ideológica” desde las instituciones europeas.
Obispos y líderes religiosos señalaron que, si bien la sentencia no modifica formalmente la definición constitucional del matrimonio, erosiona indirectamente el modelo tradicional de familia defendido por la Iglesia. En comunicados y homilías, advirtieron que el fallo “debilita la soberanía moral y jurídica de los Estados” y llamaron a las autoridades polacas a “defender los valores cristianos” en el marco de la Unión Europea.
Los partidos conservadores y nacionalistas calificaron la decisión como una injerencia de la Unión Europea en asuntos de competencia nacional. Legisladores del ala conservadora afirmaron que el fallo representa un nuevo ejemplo de “activismo judicial europeo” y reiteraron que la Constitución polaca seguirá siendo el marco supremo para la regulación del matrimonio.
Desde el gobierno, la reacción fue más cauta. Funcionarios reconocieron que Polonia debe cumplir con la sentencia, pero insistieron en que esta no obliga a modificar la legislación interna ni la Constitución. El Ejecutivo subrayó que el reconocimiento exigido por el TJUE se limita a efectos legales mínimos y no implica un cambio cultural o normativo profundo.
Se suman las tensiones entre Polonia y la UE:
La sentencia profundizó el debate interno sobre la relación de Polonia con la Unión Europea, especialmente en materia de derechos fundamentales. Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ celebraron el fallo como un avance en la protección de las familias diversas, mientras que sectores conservadores lo interpretaron como una amenaza a la identidad nacional y religiosa del país.
El caso se suma a una serie de tensiones entre Polonia y las instituciones europeas, donde los derechos civiles, el rol del derecho europeo y la soberanía nacional continúan siendo ejes centrales de conflicto.