El gobierno de Nicaragua ha comenzado a impedir que los turistas ingresen Biblias al país, una medida que se enmarca en un contexto más amplio de restricciones a la libertad religiosa y de expresión denunciadas por organizaciones internacionales.
Según informó este mes la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), con sede en el Reino Unido, en las terminales de la empresa Tica Bus en Costa Rica —que operan rutas hacia Managua— se colocaron avisos oficiales advirtiendo a los pasajeros sobre la prohibición de ingresar diversos artículos. Entre ellos figuran libros, revistas, periódicos y, de manera explícita, la Biblia.
Las restricciones también incluyen otros objetos como cámaras, drones, cuchillos y alimentos perecederos. De acuerdo con un representante de la empresa de transporte en Honduras, estas medidas se encontrarían vigentes desde hace aproximadamente seis meses.
Ante esta situación, Anna Lee Stangl, directora de incidencia política y responsable del equipo para las Américas de CSW, solicitó públicamente al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a su gobierno que levanten la prohibición “de forma inmediata”.
“La decisión de restringir el ingreso de Biblias y otros materiales impresos resulta profundamente alarmante, especialmente considerando el actual clima de represión en el país”, expresó Stangl. Además, reclamó el cese de las acciones que, a su juicio, vulneran la libertad religiosa, de creencias y de expresión en Nicaragua.
La referente de CSW también hizo un llamado a la comunidad internacional para que busque mecanismos de apoyo a las voces independientes nicaragüenses, tanto dentro del país como entre quienes se encuentran en el exilio.
La prohibición del ingreso de las Escrituras se conoce en un contexto de creciente presión estatal sobre las iglesias. En los últimos años, diversas organizaciones han denunciado una ofensiva sistemática contra la libertad religiosa en Nicaragua. En ese marco, el país se retiró del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas luego de recibir duras críticas por violaciones a los derechos humanos y al sistema democrático.
Desde 2018, más de 5.000 organizaciones civiles independientes han perdido su personería jurídica, entre ellas más de 1.300 entidades religiosas. La iglesia cristiana ha sido una de las pocas instituciones que mantuvo una postura crítica frente al gobierno, especialmente durante las protestas masivas registradas ese mismo año.