La persecución contra comunidades cristianas se está intensificando en varios países gobernados por regímenes comunistas, según advirtió la organización International Christian Concern (ICC), dedicada a la asistencia de víctimas de persecución religiosa en todo el mundo. El informe señala un endurecimiento de los controles estatales sobre iglesias y creyentes en China, Cuba, Laos, Corea del Norte y Vietnam.
De acuerdo con el análisis de la ICC, las congregaciones cristianas enfrentan crecientes restricciones legales, financieras y operativas. En estos países, los marcos normativos permiten a las autoridades imponer sanciones severas —incluidas multas, penas de prisión y clausuras— basándose en infracciones ambiguas o definidas según criterios políticos. En muchos casos, los líderes religiosos deben declarar públicamente su lealtad al gobierno para poder continuar con sus actividades.
Uno de los mecanismos de control más extendidos es la supervisión financiera. Los gobiernos conservan amplias facultades para auditar, redirigir o incluso confiscar los fondos de las iglesias, lo que limita seriamente su autonomía. Las donaciones provenientes del exterior suelen ser consideradas una amenaza a la seguridad nacional y, por ese motivo, son objeto de especial persecución.
Pese a las diferencias entre los países, el informe identifica patrones comunes: exigencia de fidelidad al partido gobernante, aprobación previa de actividades religiosas, control de materiales y vigilancia permanente de las finanzas. Las iglesias que operan fuera de los registros oficiales son catalogadas como ilegales y quedan expuestas a allanamientos, cierres forzosos y procesos judiciales.
Según la ICC, estas restricciones suelen justificarse oficialmente en nombre de la unidad nacional, la estabilidad política o el orden constitucional. Sin embargo, el resultado concreto es una reducción drástica del espacio permitido para la expresión de la fe cristiana y una subordinación creciente de la práctica religiosa al poder del Estado.
China
En China, las iglesias están obligadas a registrarse y a funcionar bajo el principio de “sinización”, un sistema que exige adaptar sermones, enseñanzas y prácticas religiosas a la ideología del Partido Comunista y a elementos culturales definidos por el Estado. Las congregaciones deben someterse a auditorías financieras periódicas y declarar todas sus fuentes de ingresos.
Un reglamento vigente desde hace algunos años otorga a las autoridades amplias facultades para inspeccionar los bienes de las iglesias y realizar controles presenciales. Además, los líderes religiosos deben manifestar públicamente su adhesión a los valores socialistas para conservar la autorización oficial.
Vietnam
En Vietnam, el Estado impone el registro obligatorio de los grupos religiosos y se reserva el derecho de intervenir directamente en sus finanzas y operaciones. Una normativa aprobada en 2024 faculta al gobierno a exigir documentación financiera detallada y a suspender actividades religiosas sin necesidad de especificar infracciones concretas.
El informe señala que las autoridades han detenido a creyentes y restringido congregaciones que no cumplen con estos requisitos, ampliando así el control estatal sobre la vida eclesiástica.
Cuba
En Cuba, aunque el registro gubernamental es obligatorio para las organizaciones religiosas, la aprobación de nuevas inscripciones es excepcional. La financiación extranjera vinculada a actividades eclesiales puede derivar en condenas de hasta diez años de prisión.
Un informe reciente de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional denunció que las iglesias no registradas son objeto de hostigamiento constante, cierres forzados y procesos judiciales.
Laos
En Laos, las iglesias deben obtener autorización estatal previa para casi todas sus actividades. Informes oficiales indican que se exige permiso para celebrar cultos, realizar reuniones, trasladar al clero, construir templos y distribuir material religioso.
El gobierno mantiene la facultad de suspender cualquier actividad religiosa que considere una amenaza al orden público. Asimismo, todo material religioso debe ser aprobado antes de su importación y su distribución está estrictamente controlada.
Corea del Norte
Corea del Norte representa uno de los casos más extremos. Las iglesias permitidas funcionan bajo un control absoluto del Estado y cumplen, principalmente, un rol propagandístico hacia el exterior. Existen solo unas pocas instituciones religiosas registradas, que operan como vitrinas para visitantes extranjeros.
El informe señala que el régimen espera que los ciudadanos denuncien cualquier práctica religiosa no autorizada o la posesión de material cristiano. Estas actividades pueden ser castigadas con penas severas, que incluyen prisión y trabajos forzados.