Costa Rica dio un paso significativo en materia de protección de la vida y fortalecimiento de la familia con la entrada en vigor de la Ley de Acogimiento Prenatal, una normativa que permite iniciar el proceso de adopción de un bebé desde el embarazo, mediante un procedimiento legal y debidamente regulado por el Estado.
La nueva legislación, ya publicada en el diario oficial La Gaceta, habilita a las mujeres embarazadas a tramitar la adopción de su hijo antes del nacimiento, garantizando que, una vez verificado el nacimiento con vida, el niño pueda ser recibido por una familia dispuesta a brindarle cuidado, amor y contención.
La diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista, explicó que la iniciativa busca priorizar el bienestar del niño desde el vientre materno. Según señaló públicamente, el objetivo central es asegurar que cada bebé tenga la posibilidad de crecer en un entorno familiar estable y protector desde sus primeros días de vida.
Un respaldo legislativo amplio
El proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa en agosto de 2024, con el voto favorable de 40 diputados, y contó con el respaldo de distintas fuerzas políticas. Entre ellas, se destacó el apoyo del legislador Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, quien subrayó el impacto positivo de la ley en las futuras generaciones.
Alvarado afirmó que esta normativa fortalece el marco legal de protección a la niñez y reconoce la dignidad de la vida humana desde la gestación, ofreciendo alternativas responsables y humanas para situaciones complejas.
Procedimiento y garantías legales
La ley establece que el trámite de acogimiento prenatal puede realizarse ante los servicios de salud públicos o privados, así como ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), organismo encargado de supervisar y garantizar la transparencia del proceso.
Entre los requisitos, se solicita a la madre gestante detallar los motivos de su decisión, informar si existen familiares dispuestos a asumir la crianza del menor y proporcionar datos personales completos para su correcta localización. En los casos en que la mujer esté casada o viva en unión de hecho, la solicitud debe ser presentada por ambas personas, reforzando la corresponsabilidad familiar.
Asimismo, la normativa contempla un reglamento específico que regula la aplicación de la ley y previene posibles irregularidades. En este sentido, se prohíbe expresamente cualquier tipo de acuerdo o contacto directo entre los progenitores y posibles adoptantes que no sea canalizado por el PANI, garantizando así un proceso ético, seguro y transparente.
Una alternativa que pone al niño en el centro
La Ley de Acogimiento Prenatal representa una respuesta institucional que coloca al niño como sujeto central de protección, promoviendo soluciones que priorizan la vida, la responsabilidad y el acompañamiento estatal. Para muchos sectores, esta normativa constituye un avance en la construcción de políticas públicas que fortalecen la familia y ofrecen esperanza tanto a madres en situaciones vulnerables como a familias dispuestas a adoptar.