El gobierno de Nicaragua anunció la liberación de decenas de personas privadas de la libertad durante el pasado fin de semana, en una decisión que se produjo poco después de que la embajada de Estados Unidos en Managua reclamara públicamente la excarcelación de los presos políticos.
La medida coincide con el 19° aniversario del inicio del mandato de Daniel Ortega, una fecha que lejos de celebrarse con estabilidad política, encuentra al régimen sandinista atravesando un momento de fuerte incertidumbre regional e internacional. Analistas señalan que el contexto geopolítico actual ha debilitado significativamente al gobierno nicaragüense, obligándolo a reconsiderar su estrategia frente a la presión externa.
Durante el acto conmemorativo, la vicepresidenta y esposa del presidente, Rosario Murillo, reconoció la gravedad del momento que atraviesa el país. En su mensaje público, instó a la población a refugiarse en la fe y fortalecer la espiritualidad, una declaración que llamó la atención debido a la histórica tensión entre el gobierno y los sectores religiosos.
“Son tiempos duros, tiempos para afirmar la fe y la confianza en Dios”, expresó Murillo, en un discurso que, para observadores políticos, refleja la fragilidad que enfrenta actualmente la cúpula del poder nicaragüense.
Especialistas consultados advierten que la administración Ortega-Murillo se encuentra en una encrucijada. La pérdida de aliados estratégicos en la región, sumada a la fuerte dependencia económica de Estados Unidos —principal destino de las exportaciones nicaragüenses y origen de las remesas— limita el margen de maniobra del régimen.
En este escenario, el aislamiento diplomático en América Latina se vuelve cada vez más evidente. Expertos sostienen que el gobierno enfrenta la disyuntiva de avanzar hacia reformas democráticas o profundizar un camino que podría derivar en sanciones más severas y mayor inestabilidad.
El ex embajador de Costa Rica en Venezuela, Vladimir de la Cruz, advirtió sobre la urgencia de implementar cambios reales para evitar un agravamiento de la crisis. “Nicaragua debe aprender de lo que ocurre en la región o corre el riesgo de enfrentar una situación de extrema vulnerabilidad”, señaló, subrayando la necesidad de restablecer garantías democráticas, liberar a los presos de conciencia y permitir un proceso electoral transparente.
Mientras tanto, organizaciones internacionales continúan denunciando un endurecimiento de las restricciones a las libertades civiles y religiosas. En los últimos meses, se prohibió el ingreso de Biblias y otros materiales religiosos al país, se reportaron muertes bajo custodia estatal y se avanzó con la confiscación de instituciones educativas y religiosas históricas, en el marco de una ofensiva sostenida contra la disidencia política y el cristianismo organizado.