La nueva normativa del Ministerio de Salud actualiza los procedimientos para acceder a la eutanasia y amplía su alcance a pacientes con sufrimiento intenso, incluso sin estar en fase terminal. En paralelo, en Argentina surgen iniciativas políticas que reavivan la discusión.
El pasado 28 de abril, el Ministerio de Salud de Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, publicó la Resolución 813 de 2025, una medida que reorganiza y actualiza el marco regulatorio de la eutanasia en el país. La disposición no crea un derecho nuevo, sino que ajusta los procedimientos existentes en cumplimiento de distintos fallos de la Corte Constitucional, que desde hace años vienen ampliando el alcance de esta práctica.
Entre los principales cambios, la resolución establece con mayor claridad quiénes pueden acceder a la eutanasia. A partir de ahora, no solo podrán solicitarla los pacientes en fase terminal, sino también aquellos que padezcan enfermedades graves e incurables que les generen un sufrimiento intenso.
Además, la normativa busca reducir barreras en el acceso al procedimiento, fijando plazos más precisos y responsabilidades para las instituciones de salud. En este sentido, el objetivo es garantizar que lo reconocido en el plano jurídico pueda concretarse efectivamente en la práctica médica.
Otro de los puntos que genera debate es la aplicación de la eutanasia en menores de edad, una posibilidad ya contemplada en normativas previas y que se mantiene bajo criterios estrictos. En estos casos, además de la condición médica, se evalúa la capacidad de comprensión del menor de acuerdo con su desarrollo, junto con el consentimiento de sus padres o representantes legales. El procedimiento incluye controles reforzados por parte de equipos interdisciplinarios, lo que lo convierte en un proceso especialmente riguroso.
La resolución generó diversas reacciones en la sociedad colombiana. Mientras algunos sectores la consideran un avance en materia de autonomía individual y derechos, otros expresan preocupación por la ampliación de los criterios y sus posibles implicancias éticas y sociales.
En Argentina, el tema también comienza a ganar visibilidad. Miguel Ángel Pichetto presentó en junio de 2024 el proyecto “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”. A su vez, Lisandro Nieri y Julio Cobos (UCR) impulsaron iniciativas en noviembre de 2025; también lo hicieron Gabriela Estévez y Carolina Gaillard (Unión por la Patria) en 2024 y 2026. Por su parte, Martín Ardohain (PRO), junto a otros diputados como Martín Yeza y Paula Sotolano, presentó un proyecto en noviembre de 2025; al igual que Atilio Benedetti (UCR).
Si bien ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada, distintos sectores políticos (incluidos espacios del radicalismo) han mostrado disposición a debatir la cuestión en el Congreso.
Desde sectores vinculados a la fe cristiana, el debate adquiere una dimensión particular. La vida es entendida como un valor central, digno de ser protegido desde su inicio hasta su fin natural. En ese marco, el avance de este tipo de regulaciones (tanto en Colombia como en las discusiones emergentes en Argentina) plantea interrogantes profundos sobre el rol de la medicina, el acompañamiento del sufrimiento y los límites de la intervención humana en el final de la vida.
Por: Abril Cesia Rios