El Departamento de Educación de Estados Unidos exigió recientemente a los estados de California y Washington que expliquen cómo modificarán sus políticas de “confidencialidad”, las cuales impedían que los padres fueran informados cuando sus hijos iniciaban una “transición de género” dentro del ámbito escolar.
La medida surge luego de una extensa batalla judicial iniciada hace aproximadamente tres años por un grupo de padres, representados por Thomas More Society, un bufete de abogados dedicado a la defensa de la libertad religiosa y los derechos constitucionales de las familias. La demanda cuestionó las políticas escolares que, amparándose en normas estatales de California y Washington, prohibían la notificación automática a los padres cuando un estudiante manifestaba una identidad de género diferente o pedía ser tratado con otros pronombres en la escuela.
Estas políticas fueron defendidas por las autoridades estatales bajo el argumento de que los estudiantes tienen derecho a la privacidad respecto de su identidad o expresión de género, especialmente cuando consideran que revelar esa información podría exponerlos al rechazo familiar. Sin embargo, los demandantes sostuvieron que tales normas excluían deliberadamente a los padres de decisiones fundamentales relacionadas con la educación, el bienestar y la salud mental de sus hijos.
La disputa concluyó con una decisión favorable a los padres, luego de que quedara firme el fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. El tribunal reconoció el derecho de los padres a acceder a los registros y expedientes escolares de sus hijos y recordó que, conforme a un principio constitucional de larga data, “los padres —y no el Estado— tienen la autoridad principal respecto a la crianza y educación de los niños”. En ese sentido, consideró que mantener en secreto información relacionada con una transición social de género dentro de la escuela vulnera los derechos constitucionales de las familias.
Tras la resolución, Paul Jonna, abogado de Thomas More Society, calificó el fallo como un “precedente histórico que desmantelará las políticas secretas de transición de género en todo el país”. Asimismo, sostuvo que la decisión representa una reivindicación tanto de la libertad religiosa como del derecho de los padres a orientar la formación moral y religiosa de sus hijos y a participar en las decisiones que afectan su salud mental y desarrollo integral.
Como consecuencia de este precedente judicial, la Oficina de Política de Privacidad Estudiantil del Departamento de Educación solicitó formalmente a California y Washington que informen de manera inmediata cuáles serán las modificaciones que introducirán en sus políticas de identidad de género dentro de las instituciones educativas.
En ese contexto, la secretaria de Educación, Linda McMahon, cuestionó duramente las prácticas adoptadas por algunos distritos escolares. “Hemos visto un alarmante aumento de instituciones educativas que eluden la autoridad de los padres sobre sus propios hijos. Los informes de escuelas que ‘hacen la transición’ de estudiantes en secreto, sin el conocimiento o consentimiento de los padres, e ignoran el derecho de los padres a excluir a sus hijos de materiales inapropiados y explícitos son impactantes, perturbadores y probablemente ilegales”, afirmó.
McMahon concluyó reafirmando la postura de la administración del presidente Donald Trump respecto del rol de la familia en la educación de los menores: “Los niños no pertenecen al Gobierno; pertenecen a sus padres. La administración Trump está trabajando más que nunca para defender la autoridad de los padres como los principales responsables de las decisiones en la vida de sus hijos”.
Por Abigail Pajello.