Hoy 17 de marzo a las 14:42 horas aproximadamente se cumplen 34 años del Atentado a la Embajada de Israel en 1992.
Hacen 34 años atrás en un clima de festividad, donde la comunidad judía celebra Purim, la fiesta más alegre del calendario hebreo. Se produjo una trágica inversa: el clima de alegría se transformó en una escena de horror.
El 17 de marzo de 1992 un coche bomba destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, en pleno barrio de Retiro dejando 29 muertos de los cuales 7 no pudieron ser identificados y más de 240 heridos. Fue el primer gran atentado terrorista internacional en la Argentina marcando un antes y un después en la historia del país. Sin saber que 2 años más tarde ocurriría otro atentado, El Atentado a la AMIA.
La explosión fue provocada por una camioneta Ford F-100 que contenía aproximadamente 60 kilos de hexógeno (RDX), un explosivo militar de alto poder, y que fue estacionada frente a la sede diplomática, incluso en un sector que se encontraba clausurado.
Aquel día se registraron múltiples irregularidades que con el tiempo, profundizaron las dudas sobre el accionar del Estado. Entre ellas, se señaló que un oficial policial abandonó su puesto antes de tiempo, dejando la embajada sin custodia en el momento de la explosión, un hecho que nunca fue completamente esclarecido.
En paralelo también quedó en evidencia la escasa o nula intervención de organismos creados para actuar en este tipo de situaciones como el POC (Departamento de Protección del Orden Constitucional), que pese a haber sido diseñados para responder ante hechos graves como la toma de embajadas o ataques terroristas no tuvo un rol efectivo. Entre algunos errores cometidos El POC consideró innecesario realizar un vallado perimetral de al menos trescientos metros alrededor del epicentro de la explosión, lo que derivó en la pérdida de pruebas fundamentales o en su manipulación por parte de terceros, llegando incluso a quedar algunos elementos en manos de particulares como “souvenirs” del episodio.
Las irregularidades no se limitaron al momento del atentado, sino que se extendieron a la etapa investigativa, donde el papel de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) fue particularmente cuestionado. Este organismo contaba con una estructura amplia y un presupuesto millonario, en gran parte compuesto por fondos reservados sin control público ni rendición detallada, lo que le otorgaba una importante capacidad operativa. Sin embargo, su desempeño estuvo lejos de ser eficaz. Este conjunto de irregularidades, demoras, falta de recursos adecuados pese al alto presupuesto, reproducción de informes extranjeros sin elaboración propia y utilización de pruebas cuestionadas alimentó sospechas sobre la posible existencia de maniobras de encubrimiento o, al menos, de una investigación orientada de manera deficiente, que pudo haber evitado el esclarecimiento completo de los hechos. En el caso del Atentado a la AMIA se comprobó judicialmente que hubieron irregularidades, maniobras y encubrimiento en la investigación en las que pudieron haber existido mecanismos destinados a desviar, limitar o condicionar el avance hacia la verdad.
El informe sobre el atentado fue elaborado recién un año y medio después del hecho, lo que evidenció una demora significativa. Además, dicho informe copió en gran medida, y casi de forma textual, análisis realizados por organismos de Israel, a los que se refería como “agencia colateral amiga”. Esto reflejaba una preocupante falta de producción propia de inteligencia.
A esto se sumaba una falencia grave: mientras se investigaba la llamada “pista iraní”, la SIDE no contaba con traductores de farsi, el idioma oficial de Irán. Esta carencia limitaba seriamente la posibilidad de analizar documentación o interceptaciones relevantes.
ENCUBRIMIENTO Y CONSECUENCIAS INTERNACIONALES
El encubrimiento de un atentado terrorista no solo implicó una falla en la búsqueda de justicia a nivel interno, sino que también pudo haber tenido consecuencias profundas en el plano internacional.
En el caso del ataque a la Embajada de Israel, cualquier intento de ocultar información o evitar establecer responsabilidades locales pudo afectar seriamente la posición de la Argentina frente a otros países. En primer lugar, debilitó la credibilidad del Estado ante la comunidad internacional, proyectando una imagen de fragilidad institucional y falta de compromiso con el esclarecimiento de un atentado de carácter global.
Estas falencias también pudieron generar tensiones diplomáticas, especialmente con Israel, al percibirse una falta de cooperación efectiva.
EL ATENTADO FUE EJECUTADO POR HEZBOLLAH PERO PLANIFICADO DESDE IRÁN
En 1999, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el atentado había sido perpetrado por la organización Hezbollah, a través de su estructura operativa vinculada a la Yihad Islámica. La investigación señaló como principal responsable a Imad Mughniyeh, quien murió en 2008 en Siria tras la explosión de un coche. También se ordenó la captura internacional de Hussein Mohamed Ibrahim Suleiman y de Salman El Reda.
En ese marco, distintas investigaciones han sostenido que Hezbollah habría actuado como brazo operativo de una estructura más amplia, en la que la República Islámica de Irán habría tenido un rol clave en la planificación, financiamiento, entrenamiento y aprobación de la operación.
Años más tarde, en 2015, se ratificó que existe una sentencia firme que determinaba tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad de sus autores. Sin embargo, nunca se llevó adelante un juicio oral y los acusados jamás fueron detenidos
Más allá de lo judicial, el atentado dejó marcas profundas en quienes lo vivieron. El arquitecto Gabriel Pichón se encontraba trabajando en el edificio al momento de la explosión. Según su testimonio, las estructuras del frente, rejas, vidrios y materiales se incrustaron violentamente en el lado derecho de su cuerpo. Sufrió heridas devastadoras, perdió parte del rostro, que luego fue reconstruido con platino, y padeció graves daños en órganos vitales. Permaneció en coma durante tres meses y medio, sin probabilidades de sobrevivir.
Pichón describió la explosión como una experiencia difícil de explicar no percibió un sonido definido, sino una sensación de oscuridad total, como si el aire fuera absorbido hacia adentro. Aunque la explosión fue hacia afuera, en el interior se sintió como una implosión, con humo denso y temperaturas extremas que quemaban al ser inhaladas. En medio del caos, logró rescatar a la secretaria del cónsul y salir arrastrándose entre los escombros, hasta ser asistido por la policía.
Otro sobreviviente fue Jorge Cohen, encargado de prensa de la embajada. Tras la explosión, fue rescatado entre los escombros entre otros, por un marine estadounidense, Bruce Willison, quien asistió a varios heridos antes de la llegada masiva de fuerzas de seguridad. Durante su traslado en ambulancia, Cohen, desorientado, creyó que el vehículo no tenía conductor y se arrojó al exterior en estado de pánico.
El caos inicial fue contenido en gran parte por civiles. Vecinos, porteros y trabajadores de la zona improvisaron rescates utilizando puertas y persianas como camillas. Las ambulancias, sin coordinación, colapsaron las calles, dificultando la evacuación de heridos.
A su vez surgieron múltiples hipótesis y mitos. Algunas, como la de una “implosión” o explosión interna vinculada a obras en el edificio, fueron impulsadas por ciertos sectores, incluso por un perito con antecedentes ideológicos extremistas y vinculaciones al neonazismo. Estas teorías contribuyeron a desviar la investigación de las líneas más consistentes.
LA MIRADA DE SANTIAGO KOVADLOFF
El filósofo Santiago Kovadloff sostuvo que la impunidad del atentado no puede explicarse solo por fallas técnicas, sino por una falta de voluntad interna. Según su análisis, mientras a nivel internacional se logró identificar a los responsables, en la Argentina no se avanzó sobre posibles conexiones locales.
Para Kovadloff, la impunidad “atañe exclusivamente a la Argentina”, ya que es en el ámbito interno donde no se investigó plenamente. Esto sugiere que el problema no fue solo incapacidad, sino también una decisión de no profundizar en determinadas responsabilidades.
Desde esta perspectiva, la impunidad no sería únicamente el resultado de un fracaso, sino también de un posible encubrimiento o protección de intereses. Esto tiene consecuencias institucionales profundas: cuando la justicia no esclarece ni sanciona, se debilita el Estado de derecho y la calidad democrática.
A 34 años del atentado, la Argentina sigue enfrentando una paradoja: existe una verdad judicial sobre la autoría internacional, pero no hay detenidos ni condenados. Esa combinación de esclarecimiento parcial e impunidad mantiene el caso como una deuda pendiente y una herida abierta en la memoria colectiva del país.
EN MEMORIA DE LOS FALLECIDOS
Aída Benítez
Adela Moreno de Benítez
Alfredo Goldemberg
Alicia Bañares
Ana María Bovo
Andrés Farías
Ángel Guillermo Pochat
Benjamín Dov Green
Carlos Rodríguez
Eliora Carmon
Ethel Meckler
Fabián Fazio
Graciela Gutiérrez
Jacobo Segev
José María Cagnoli
Juan Carlos Pérez
Marcelo Lezcano
Miguel Ángel Sosa
Ramón Martínez
Rebeca Zaretsky
Rosa Rotenberg
Alexis Quarín
22 PERSONAS FALLECIDAS IDENTIFICADAS. DE LAS CUALES 7 NO PUDIERON SER IDENTIFICADOS.
A 34 AÑOS DE ESE DÍA, LA CAUSA CONTINÚA IMPUNE.
Por Ivana Pereyra