El príncipe Alberto II de Mónaco vetó la reforma a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada en mayo por el Consejo Nacional, que había obtenido 12 votos a favor y 9 en contra. La iniciativa buscaba flexibilizar el marco legal y ampliar las condiciones para acceder a un aborto en el territorio.
El proyecto proponía reducir la edad mínima para autorizar el procedimiento —de 18 a 15 años— y permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, o 16 semanas en casos de violación.
Al explicar su decisión, Alberto II afirmó que su postura responde a la necesidad de “respetar nuestra identidad y el lugar que ocupa la religión católica en nuestro país, garantizando al mismo tiempo un acompañamiento seguro y más humano”.
Actualmente, el aborto continúa siendo ilegal en Mónaco, según la legislación penal vigente desde 2019, aunque existen excepciones en casos de violación, riesgo vital para la madre o malformaciones fetales graves. Y según testimonios, la mayoría de las mujeres practican sus abortos en Francia para no ser perseguidos por el Principado.
Para sectores monaguescos que defienden la tradición y la centralidad del catolicismo en la vida pública, el veto del príncipe representa una reafirmación del perfil histórico del Principado y una decisión alineada con la protección de la vida desde la concepción y de los valores culturales del país. Caso contrario con las visiones progresistas, puesto que representaría un retroceso.
Ferreyra, Chiara Avril.