La adhesión al Consenso de Ginebra es una señal política, una reivindicación de la soberanía nacional y una puerta que vuelve a abrir el debate sobre la protección de la vida humana desde la concepción.
Hay decisiones que no cambian una ley de un día para el otro, pero sí pueden cambiar el rumbo de una discusión. La decisión de Argentina de suscribirse al Consenso de Ginebra sobre Salud de las Mujeres y Fortalecimiento de la Familia puede leerse así.
El Consenso de Ginebra sostiene principios que resultan particularmente relevantes para el debate argentino: reconoce el derecho inherente a la vida, afirma que el aborto no debe ser promovido como método de planificación familiar y establece que las decisiones relacionadas con el aborto deben ser determinadas por cada Estado conforme a sus propios procesos legislativos. También afirma expresamente que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo.
En otras palabras: Argentina vuelve a decir en el escenario internacional que tiene derecho a decidir soberanamente cuál es su postura política respecto de la vida y la maternidad.
Una ley puede cerrar una votación parlamentaria sin cerrar una discusión social. Y la discusión sobre el aborto en Argentina no ha desaparecido.
El derecho a la vida en la Argentina está reconocido con jerarquía constitucional a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos. (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que el derecho a la vida está protegido, desde la concepción.
Defender la vida también es defender a la mujer
La discusión no debería plantearse como un antagonismo entre “vida del niño” o “derechos de la mujer”. Quienes defendemos la vida sostenemos precisamente lo contrario: defender la vida humana desde la concepción también significa defender a las mujeres.
Defenderlas de la violencia, de la presión, del abandono, de la pobreza, de la falta de oportunidades y de aquellas circunstancias que pueden hacerles sentir que la única salida frente a un embarazo inesperado es terminar con la vida de su hijo.
Una verdadera política de protección debería preguntarse cómo acompañar a una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad para que pueda elegir la vida sin quedar sola. Porque una sociedad que quiere proteger a las mujeres no debería ofrecerles el aborto como respuesta a sus problemas, sino construir condiciones para que la maternidad no sea una condena social, económica o personal.
La falacia del “aborto legal, seguro y gratuito”
Después de casi seis años de vigencia de la despenalización del aborto, deberíamos revisar los conceptos con los que se instaló el debate. La expresión “aborto legal, seguro y gratuito” fue una de las principales consignas utilizadas durante el proceso que culminó con la legalización.
- Es legal, pero inconstitucional. De hecho, se iniciaron al menos 37 acciones legales en contra de Ley 27.610, de las cuales 32 fueron pedidos directos de inconstitucionalidad.
- No es seguro. Ninguna práctica médica está absolutamente exenta de riesgos. La propia normativa sanitaria contempla la necesidad de consentimiento informado y establece que las pacientes deben recibir información sobre posibilidades y riesgos de la práctica. Y es sabido que muchas mujeres se hacen un aborto más allá de las causales establecidas por la Ley, por ejemplo, en embarazos de más de 14 semanas.
- No es gratuito: lo pagamos los contribuyentes.
DATO MATA RELATO
Argentina atraviesa una marcada caída de la natalidad. El descenso de los nacimientos ha instalado una preocupación creciente sobre el futuro demográfico del país. ¿Qué clase de sociedad queremos construir si cada vez nacen menos bebés y al mismo tiempo, el Estado puede eliminar la vida humana antes de nacer?
No estamos hablando solamente de estadísticas. Estamos hablando de personas. De hijos. De madres. De familias. Y, en una perspectiva más amplia, de una generación que no llegará a existir.
La soberanía también se ejerce diciendo “no”
Existe otro elemento especialmente significativo en el Consenso de Ginebra. En nuestro país, el debate sobre el aborto estuvo atravesado por una fuerte presión internacional. Fundaciones, movimientos y organismos internacionales intervinieron en nuestro país para que el aborto se legalice. Financiaron campañas publicitarias, artistas musicales, actores, colectivos que presionaron políticamente, bajadas de líneas editoriales y tendencias en los medios de comunicación, materiales para las instituciones educativas, y tantas otras estrategias más que fueron usadas con mucha astucia -con mayor o menor alevosía- de responder a intereses extranjeros.
Por eso, resulta particularmente significativo que ahora Argentina reivindique en el ámbito internacional un principio diferente: las políticas relacionadas con el aborto no deben ser impuestas desde afuera; deben ser decididas soberanamente por cada nación.
El Consenso de Ginebra justamente reafirma que no existe una obligación internacional de los Estados de financiar o facilitar el aborto y reconoce la capacidad de cada nación para definir sus propias políticas.
El debate vuelve a ponerse en amarillo
Es cierto que, al menos por ahora, la derogación de la Ley 27.610 no parece ocupar un lugar central en la agenda legislativa nacional. Pero las agendas políticas también cambian cuando cambia la realidad.
Quizás el semáforo no esté todavía en verde. Pero volvió a ponerse en amarillo.
Amarillo significa atención. Significa debate. Significa que una cuestión que algunos pretendieron dar por definitivamente cerrada vuelve a aparecer en el horizonte.
Adhesión al Consenso de Ginebra: una luz encendida al final de un camino que todavía no terminó.
La sanción de una ley puede cambiar un artículo en el Código Penal. Pero no transforma las convicciones de una sociedad. Y Argentina es u país que ama la vida, ama los niños, ama protege y defiende. El camino hacia una eventual revisión de la legislación será necesariamente político, jurídico y democrático. Requerirá argumentos, mayorías parlamentarias y una sociedad dispuesta a volver a discutir.
Pero todo proceso de transformación comienza mucho antes de que una ley cambie. Comienza cuando cambia el discurso, cambia la posición política y el hecho del día de ayer, lo vuelve a sostener.
Argentina defiende la vida humana desde la concepción.
Defendemos a las mujeres. Defendemos a las familias.
Y defendemos la soberanía de Argentina para decidir su propio futuro.
Lic Ana Valoy
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