La organización ChinaAid denunció que autoridades chinas detuvieron a dos pastores y a más de 30 miembros de una iglesia protestante durante un operativo realizado el pasado domingo en la ciudad de Jiangyou, en la provincia de Sichuan.
Según informó la entidad, unos 60 policías y funcionarios gubernamentales irrumpieron alrededor de las 11 de la mañana en el servicio dominical de la Iglesia del Pacto de la Lluvia Temprana (ERCC), una congregación protestante que funciona fuera de las organizaciones religiosas oficialmente registradas por el Estado chino.
Entre los detenidos se encontraban los líderes religiosos Yan Hong y Wu Wuqing, quienes fueron trasladados junto a otros asistentes a dependencias policiales para ser interrogados.
La iglesia afirmó que más de 30 miembros y líderes fueron “llevados a la fuerza en varios vehículos policiales” durante el procedimiento. Posteriormente, la mayoría de los detenidos recuperó la libertad tras varias horas de interrogatorio, según reportes citados por la BBC.
De acuerdo con los testimonios difundidos por la congregación, varios miembros se negaron a firmar documentos cuyo contenido desconocían antes de ser liberados.
La ERCC ya había sido objeto de operativos anteriores. La congregación fue fundada en 2008 y sufrió un amplio allanamiento en diciembre de 2018, cuando las autoridades argumentaron que realizaba actividades religiosas sin el registro requerido por el gobierno. En ese operativo fueron detenidos el pastor fundador Wang Yi, su esposa Jiang Rong y más de 100 miembros de la congregación.
En 2019, Wang Yi fue condenado a nueve años de prisión por delitos relacionados con subversión del poder estatal y actividades comerciales consideradas ilegales por las autoridades chinas.
ChinaAid, organización fundada por el activista cristiano Bob Fu, sostuvo que el reciente operativo refleja las restricciones que continúan enfrentando algunas comunidades religiosas no registradas en China. Por su parte, las autoridades chinas mantienen que las organizaciones religiosas deben operar dentro del marco legal establecido por el Estado.
El caso vuelve a poner el foco sobre la situación de la libertad religiosa en China, un tema que continúa siendo seguido por organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos.