Human Rights Watch denunció una nueva ola de detenciones en distintas ciudades del país y exigió la liberación inmediata de los religiosos.
La organización Human Rights Watch (HRW) acusó al gobierno chino de haber detenido recientemente a cerca de 30 pastores, predicadores y feligreses pertenecientes a la iglesia Sión. Las detenciones se habrían producido entre el 10 y el 11 de octubre en al menos siete ciudades, entre ellas Beijing y Shanghái.
Según la ONG con sede en Nueva York, entre los arrestados se encuentra el pastor Ezra Jin Mingri, fundador y líder de la congregación, de 56 años, quien fue apresado en la ciudad de Beihai, provincia de Guangxi. HRW considera que estas acciones forman parte de una campaña más amplia del régimen contra las iglesias protestantes no registradas, que afecta a decenas de personas por motivos religiosos.
La organización instó a las autoridades chinas a liberar “de inmediato” a todos los detenidos y, mientras tanto, a informar a sus familias sobre su paradero y permitirles acceso a abogados de su elección.
Yalkun Uluyol, investigador de HRW, sostuvo que el gobierno de Xi Jinping impulsa una política destinada a “reestructurar la práctica religiosa” en función de los intereses del Partido Comunista. Esa estrategia —explicó— ha incrementado la presión sobre las congregaciones que se niegan a alinearse con la ideología oficial.
Desde 2016, cuando Xi Jinping anunció su intención de “sinizar la religión”, las iglesias protestantes no oficiales han enfrentado un endurecimiento de las restricciones: demolición de templos y cruces, prohibición de reuniones religiosas no reconocidas, censura en la distribución de Biblias, confiscación de materiales y bloqueo de aplicaciones digitales vinculadas a la fe.
HRW también destacó que la represión no se limita al cristianismo: comunidades budistas tibetanas y musulmanas sufren un control cada vez más férreo en nombre de la “unidad nacional”. Uluyol advirtió que esta política busca fortalecer el dominio ideológico del Estado dentro y fuera de China.
La organización pidió a los gobiernos extranjeros que presionen a Beijing para poner fin a las violaciones a la libertad religiosa y exigir rendición de cuentas por estos abusos.
Nueva ley de “unidad étnica” refuerza el control estatal
A finales de septiembre, HRW alertó sobre un proyecto de ley chino denominado “Ley de Promoción de la Unidad Étnica y el Progreso”, que podría ampliar aún más el control ideológico del Partido.
La subdirectora de la organización para Asia, Maya Wang, advirtió que esta normativa —compuesta por 62 artículos y actualmente en debate en la Asamblea Popular Nacional— “podría profundizar la represión contra tibetanos, uigures y otras minorías”, al legitimar la imposición de una “conciencia común de la nación china” en ámbitos como la educación, la religión y la cultura.
Entre sus artículos, el 14 propone destacar “símbolos culturales chinos” en edificios públicos y espacios turísticos, mientras que los artículos 23 y 40 plantean la modificación de costumbres sociales y matrimoniales para favorecer la integración étnica.
El proyecto incluso prevé sanciones para quienes, dentro o fuera de China, sean acusados de “incitar a la división étnica” o “atentar contra la unidad nacional”.
Según Wang, esta ley “busca controlar la narrativa sobre China en todos los ámbitos y reprimir la expresión de las minorías y sus defensores”. HRW exhortó a la comunidad internacional a exigir la retirada del proyecto y a condenar la persecución de comunidades religiosas y étnicas en el país asiático.
(Con información de EFE y Europa Press)