La sociedad colombiana está consternada tras el hallazgo de una fosa común en el municipio de Calamar, departamento de Guaviare, donde fueron encontrados los cuerpos de ocho líderes cristianos desaparecidos desde abril. Las víctimas, que se desempeñaban en labores de acompañamiento espiritual y apoyo social, pertenecían a los concilios evangélicos Alianza de Colombia y Cuadrangular.
Según informes oficiales, los responsables del crimen serían miembros de una disidencia de las FARC, bajo el mando del cabecilla conocido como alias “Iván Mordisco”. Aunque se sospechó de un posible vínculo entre los líderes asesinados y la guerrilla del ELN, la Fiscalía aclaró que no se encontraron pruebas que respalden esa hipótesis. La motivación del crimen podría estar relacionada con disputas territoriales entre grupos armados ilegales.
El descubrimiento de la fosa fue posible gracias a la captura de un integrante de ese grupo armado, cuyo teléfono contenía imágenes que evidenciaban el secuestro y asesinato de las víctimas, lo cual permitió a las autoridades localizar el sitio del entierro clandestino.
Los nombres de las personas asesinadas son: James Caicedo, Óscar García, Máryuri Hernández, Maribel Silva, Isaid Gómez, Carlos Valero, Nixon Peñaloza y Jesús Valero. Todos eran reconocidos por su trabajo social y religioso en comunidades vulnerables.
Reacciones y llamados a la justicia
La Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL) emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente el asesinato, pidió justicia y solicitó oración por las familias afectadas. En su declaración, expresó: “Levantamos una voz de clamor ante las autoridades para que estos crímenes no queden impunes”. Además, el comunicado citó el pasaje bíblico de Mateo 5:10 como consuelo espiritual: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el hecho, calificándolo como una violación grave a los derechos humanos y comprometiéndose a reforzar la presencia institucional del Estado en la zona. Por su parte, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtieron sobre el peligro que representa el asesinato de referentes comunitarios en zonas rurales: “Son voces necesarias que están siendo silenciadas”, expresaron.
Autoridades locales como el alcalde de Calamar reclamaron una respuesta urgente por parte del Gobierno nacional. “No podemos seguir celebrando mientras estas tragedias suceden. La gente acá se siente abandonada”, declaró.
Una de las peores masacres del año
Según datos del Instituto Indepaz, esta masacre es considerada una de las más graves de 2025 en Colombia. En lo que va del año, se han registrado más de 30 asesinatos colectivos en diferentes regiones del país, especialmente en áreas con presencia de grupos armados ilegales. Guaviare, donde ocurrió este hecho, es una de las zonas más afectadas por la violencia y las disputas territoriales entre organizaciones criminales.
Este crimen subraya la creciente inseguridad que enfrentan los líderes religiosos y sociales en Colombia, especialmente en regiones donde el Estado tiene una presencia limitada. Mientras las comunidades lloran la pérdida de sus pastores y servidores, las iglesias y organizaciones de derechos humanos exigen garantías para que la fe y el compromiso social puedan ejercerse en libertad y sin miedo.