En el Valle del Cauca se desató un caso que vuelve a exponer un fenómeno cada vez más frecuente: clínicas y profesionales de la salud que, bajo la bandera del “progreso” y el discurso de las identidades, aplican tratamientos de transición de género en menores de edad sin los debidos cuidados médicos y psicológicos.
La familia de una adolescente —a quien llamaremos Laura— decidió iniciar acciones legales contra la reconocida Fundación Valle del Lili, una institución que suele ser presentada como referente en América Latina. La demanda, recientemente radicada en los juzgados de Cali, denuncia que la joven fue sometida a procedimientos hormonales y quirúrgicos irreversibles sin una evaluación adecuada de su salud mental ni una comprensión suficiente de las consecuencias.
El abogado Pedro Daniel Contreras, representante de la adolescente, sostiene que los médicos actuaron basándose en un diagnóstico apresurado de “disforia de género”, ignorando antecedentes traumáticos graves en la vida de la menor. Laura había sido víctima de abuso sexual durante su infancia, un factor que —según la demanda— fue minimizado o directamente pasado por alto en las consultas.
A los 15 años, la joven recibió testosterona y posteriormente bloqueadores de pubertad, según explica la demanda, en etapas en las que los estándares internacionales recomiendan extrema cautela o directamente no intervenir. Como si fuera poco, además se habría promovido la idea de una cirugía de masculinización torácica, la cual se terminó realizando, dejando cambios permanentes en su cuerpo.
El relato de Laura revela el contexto de confusión emocional en el que tomó esas decisiones: influencias de redes sociales, miedo y rechazo hacia su identidad femenina producto del abuso sufrido, y un deseo desesperado de “no volver a ser vulnerada”. En lugar de un acompañamiento terapéutico profundo y a largo plazo, habría recibido lo que muchos hoy llaman “medicina afirmativa automática”: si el paciente dice que es trans, se le confirma sin más. Sin explorar causas, sin tiempos, sin contención real.
El resultado: una menor con historial de trauma, hormonas alteradas, una cirugía irreversible y una identidad aún inestable.
La demanda sostiene que los profesionales actuaron con ligereza, siguiendo más una agenda ideológica que criterios médicos rigurosos. Un modelo de atención que se está volviendo común: se celebra la transición como un símbolo de libertad, mientras se ignora el dolor psicológico que muchas veces la precede.
La clínica respondió que todas las intervenciones cuentan con consentimiento informado y respaldo científico. Sin embargo, la pregunta de fondo permanece:
¿Puede una adolescente en estado de vulnerabilidad comprender las consecuencias de alterar su cuerpo de forma permanente?
Y una más grave:
¿Desde cuándo la medicina se convirtió en el brazo ejecutor de experimentos sociales disfrazados de “inclusión”?
Este caso no solo expone una disputa judicial. Expone un síntoma cultural: cuando la ideología se impone sobre la salud, los cuerpos de los más frágiles pagan el precio.