La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) expresó su rechazo a una reciente disposición emitida por el Poder Judicial hondureño relacionada con el tratamiento de la identidad de género dentro de los procesos judiciales.
La medida, identificada como Memorando No. 02-2026, instruye a jueces, magistrados y personal de la jurisdicción penal a utilizar la identidad de género autopercibida y el nombre social de las personas que intervienen en actuaciones judiciales.
A través de un comunicado público, la CEH manifestó que la disposición excede las atribuciones administrativas del Poder Judicial y sostuvo que cualquier modificación vinculada al reconocimiento legal de la identidad de género debe ser debatida y aprobada por el Congreso Nacional.
Un debate sobre competencias institucionales
La controversia gira en torno a una cuestión jurídica central: determinar hasta dónde puede llegar el Poder Judicial en la emisión de lineamientos internos cuando no existe una legislación específica sobre identidad de género.
Según la Confraternidad Evangélica, el memorando introduce criterios que corresponden al ámbito legislativo y podrían generar interpretaciones que excedan las facultades administrativas de la Corte Suprema de Justicia.
La organización también solicitó que la medida sea revisada y deje de aplicarse, argumentando que la Constitución establece límites claros respecto a las competencias de cada poder del Estado.
Un contexto marcado por la ausencia de legislación específica
El debate se desarrolla en un escenario particular, ya que Honduras actualmente no cuenta con una Ley de Identidad de Género.
A diferencia de otros países de la región, la normativa hondureña no contempla un procedimiento legal para modificar oficialmente el sexo o género registrado en los documentos de identidad.
Esta situación ha convertido al memorando en el centro de una discusión más amplia sobre la interpretación de derechos, las facultades administrativas de los organismos públicos y los mecanismos de protección jurídica para distintos sectores de la población.
Posiciones encontradas
Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos vinculados a la diversidad sexual han defendido la medida, argumentando que no modifica el estado civil ni los datos legales de una persona.
Según esta interpretación, el objetivo del memorando sería garantizar un trato respetuoso dentro de los procesos judiciales y evitar situaciones de discriminación hacia personas que se identifican con un género distinto al consignado en sus documentos oficiales.
Por otro lado, organizaciones religiosas, grupos de defensa de la familia y algunos actores políticos han expresado preocupación por las posibles implicancias futuras de la disposición, considerando que podría sentar precedentes para debates legislativos relacionados con el reconocimiento legal de la identidad de género.
Una discusión que sigue abierta
La polémica ha reactivado en Honduras el debate sobre temas vinculados a derechos humanos, identidad de género, separación de poderes y alcance de las facultades institucionales.
Mientras distintos sectores continúan manifestando sus posiciones, permanece abierta la discusión sobre cuál es el alcance jurídico real del memorando y qué efectos podría tener dentro del sistema judicial hondureño.
Por el momento, la atención se centra en las posibles decisiones que adopten las autoridades competentes y en cómo evolucionará este debate dentro del ámbito político, jurídico y social del país.