En el proceso de reforma constitucional que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro, uno de los cambios más relevantes ya obtuvo dictamen favorable: se trata de la eliminación del artículo 3 de la actual Constitución de Santa Fe, que declara a la religión católica, apostólica y romana como la religión oficial de la provincia.
La propuesta, avalada por el oficialismo en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, plantea que “la provincia no tendrá religión oficial”, y establece principios de autonomía, igualdad y no discriminación en la relación entre el Estado y los distintos credos reconocidos legalmente.
Este paso busca consolidar un modelo de Estado no confesional, es decir, completamente separado de cualquier orientación religiosa institucional, en línea con el respeto a la libertad de conciencia y de culto que consagra la Constitución Nacional.
El gobierno provincial sostiene que esta modificación moderniza el marco jurídico santafesino, adapta sus normas a una sociedad más plural y respeta la diversidad de creencias en pie de igualdad. En los hechos, implica un cambio cultural profundo: la religión católica dejaría de tener un reconocimiento formal por parte del Estado provincial, perdiendo así el privilegio histórico que mantuvo desde el siglo XIX.
En síntesis, la reforma constitucional promovida por el gobierno de Pullaro marca un hito en la búsqueda de un Estado más laico, plural y moderno. Pero también abre un debate profundo sobre el lugar que deben ocupar, en el entramado democrático, aquellos valores que históricamente sirvieron de base moral y cultural para la sociedad santafesina. La pregunta de fondo no es sólo qué Estado queremos, sino qué tipo de ciudadanía estamos formando y con qué fundamentos éticos.