El Parlamento Europeo aprobó una resolución que habilita a la Unión Europea a recaudar y canalizar fondos con el objetivo de facilitar el acceso al aborto en los Estados miembros. Si bien la legislación sobre esta práctica continúa siendo competencia exclusiva de cada país, la decisión marca un nuevo posicionamiento político del bloque comunitario en materia de salud reproductiva.
La medida fue votada el pasado 17 de diciembre en una sesión plenaria en Bruselas. La resolución, titulada “Mi voz, mi elección”, obtuvo 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones. Se trata de una iniciativa ciudadana europea que llegó al Parlamento tras reunir más de 1,1 millones de firmas en al menos siete países del continente.
Según el texto aprobado, se creará un “mecanismo financiero” que permitirá a un Estado miembro garantizar el acceso a la asesinato conforme a su legislación nacional, incluso para personas que no puedan acceder a un aborto considerado seguro y legal en su lugar de residencia.
Con esta decisión, el Parlamento Europeo profundiza una línea política ya adoptada por algunos países, como Francia, que recientemente incorporó el derecho al aborto en su Constitución. Actualmente, dentro de la UE conviven legislaciones muy diversas: desde marcos legales ampliamente permisivos en países como Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Francia y España, hasta normativas más restrictivas en naciones como Polonia, Portugal y Eslovenia.
El próximo paso estará en manos de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión, que deberá presentar una estrategia de acción concreta antes de marzo de 2026.
La iniciativa también generó fuertes críticas. Uno de los opositores es el eurodiputado neerlandés Bert-Jan Ruissen, integrante del Partido Político Cristiano Europeo. “La vida no nacida merece protección. Es doloroso ver que la mayoría del Parlamento Europeo no lo reconoce”, expresó, remarcando que, a su juicio, la Unión Europea carece de competencias para intervenir en esta materia.
Ruissen y otros legisladores de inspiración cristiana sostienen que la UE debería respetar el principio de subsidiariedad y la división de competencias establecidas en los Tratados, además de promover políticas de apoyo a las mujeres embarazadas y a las familias en situación de vulnerabilidad. Su espacio político cuenta actualmente con siete representantes en el Parlamento Europeo.