Una nueva legislación impulsada por el régimen talibán en Afganistán ha despertado fuertes críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos. La normativa, que entró en vigencia recientemente, modifica la definición legal de infancia y abre la puerta a que niñas de apenas 10 años puedan ser entregadas en matrimonio.
De acuerdo con especialistas y activistas, el nuevo marco legal considera “niños” únicamente a los menores de nueve años. Como consecuencia, las niñas que superan esa edad dejan de estar protegidas por las disposiciones que anteriormente establecían los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.
Diversas organizaciones denuncian que la medida forma parte de una política más amplia de restricciones contra las mujeres afganas. Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, las mujeres han visto limitados sus derechos en ámbitos como la educación, el trabajo y la participación en la vida pública.
Zahra Nader, periodista afgana y directora del medio Zan Times, señaló que la nueva legislación fortalece el control sobre la vida familiar y dificulta que las niñas puedan escapar de matrimonios forzados. Según explicó, la crisis económica que atraviesa el país empuja a numerosas familias a tomar decisiones extremas para sobrevivir, y las niñas suelen ser las principales afectadas.
Por su parte, Shahrzad Akbar, fundadora de la organización Rawadari, advirtió que la reforma elimina protecciones legales que habían sido establecidas antes del retorno talibán al poder. A su juicio, la nueva definición de infancia deja expuestas a miles de menores a matrimonios tempranos.
La medida se suma a otras restricciones que han provocado preocupación internacional. Datos de UNICEF indican que más de un millón de niñas han quedado excluidas de la educación secundaria desde 2021, una cifra que podría duplicarse durante los próximos años si la situación no cambia.
Expertos sostienen que estas políticas no solo afectan los derechos de las mujeres, sino también el futuro económico y social del país. La reducción del acceso a la educación y al empleo podría aumentar la pobreza, la dependencia de la ayuda internacional y la escasez de profesionales esenciales, especialmente en áreas como salud y educación.
Desde organizaciones como Human Rights Watch alertan que una generación entera podría crecer sin conocer las libertades que anteriormente tenían las mujeres afganas, consolidando un modelo social cada vez más restrictivo y desigual.