El Parlamento italiano dio luz verde a una nueva normativa orientada a la protección de menores dentro del sistema educativo. La reforma, promovida por la Liga y respaldada por el gobierno de Giorgia Meloni, establece que organizaciones o activistas vinculados al activismo LGBT no podrán ingresar a escuelas de educación inicial y primaria, mientras que en el nivel secundario solo podrán tratarse contenidos de educación sexual o afectiva con autorización previa y explícita de los padres.
La medida se enmarca en una política más amplia del actual gobierno, que en los últimos meses ha destacado otros avances en su gestión, como la notable reducción de la inmigración ilegal.
La iniciativa —presentada como enmienda a un proyecto debatido en la Cámara de Diputados— modifica las disposiciones anteriores y bloquea la posibilidad de que agentes externos introduzcan contenidos o actividades que no formen parte del programa oficial. De esta manera, la reforma garantiza que las familias puedan conocer con anticipación los materiales que se tratarán y decidir si sus hijos participarán o no, reforzando así el principio constitucional de libertad educativa.
Rossano Sasso, representante de la Liga en la Comisión de Cultura, Ciencia y Educación, subrayó que la intención no es eliminar la educación sexual, sino evitar lo que consideran “intervenciones cargadas de ideología” dentro de las aulas. Según explicó, la ley busca que los temas vinculados a la salud sexual y reproductiva se aborden con criterios pedagógicos y no desde posturas militantes.
Mientras tanto, sectores opositores —como el Partido Demócrata, el Movimiento Cinco Estrellas y la alianza Verde-Izquierda— criticaron la norma y la calificaron como un retroceso en materia de derechos. Desde el oficialismo respondieron que la reforma está en línea con la Constitución y tiene como objetivo resguardar a los menores frente a contenidos que, según afirman, generan confusión y no cuentan con aval científico ni educativo.