La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires difundió una declaración oficial en la que fija una posición categórica respecto a los tratamientos de transición de género aplicados a niños y adolescentes, advirtiendo sobre sus efectos irreversibles y su falta de sustento científico.
El documento surge en respuesta a diversas consultas judiciales recibidas por la entidad acerca de prácticas como la castración farmacológica o quirúrgica, los bloqueadores hormonales y las intervenciones de reasignación de sexo. Tras el plenario académico del 25 de septiembre, la institución afirmó que no avala ningún tipo de procedimiento médico o quirúrgico destinado a modificar el sexo biológico en menores.
La Academia explicó que tales prácticas “pueden generar consecuencias graves en la salud física y psicológica de los niños y adolescentes, muchas de ellas permanentes”, señalando además que un número significativo de jóvenes sometidos a estos tratamientos desarrolla posteriormente cuadros depresivos. Por este motivo, la entidad “desaconseja su aplicación”.
El organismo también recordó que este tipo de intervenciones están siendo reevaluadas en varios países. Finlandia, Suecia, Noruega, Inglaterra, los Países Bajos y distintos estados de Estados Unidos han restringido o suspendido estos procedimientos ante la falta de evidencia contundente y los efectos adversos detectados. Según la Academia, estas prácticas “no se sostienen en verdades científicas comprobadas” y parten de “una percepción sociológica del género que no puede reemplazar la realidad biológica”.
En cuanto al acompañamiento de menores con disforia de género, la institución recomienda un abordaje integral, centrado en la familia y en el acompañamiento persistente de equipos de salud mental, evitando intervenciones que alteren el desarrollo natural hacia la adultez.
El pronunciamiento se enmarca en el cambio normativo realizado por el Gobierno nacional en febrero, cuando se modificó la Ley de Identidad de Género y se limitó la hormonización y las cirugías a personas mayores de 18 años. Hasta entonces, la normativa permitía que los menores accedieran a estos tratamientos con autorización de sus padres y la intervención de un equipo interdisciplinario.
Finalmente, la Academia sostuvo que “no es saludable detener el proceso natural de crecimiento de un menor”, y reafirmó su rechazo a estas intervenciones médicas en la infancia y la adolescencia.