El gobierno de Nicaragua anunció su salida del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una decisión que llega poco después de recibir duras críticas por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la democracia y la libertad religiosa.
La administración del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, calificó la salida del organismo internacional como un acto “soberano e irrevocable”. Sin embargo, el contexto que rodea este anuncio revela una profunda crisis institucional, caracterizada por el cierre del espacio cívico y el hostigamiento a líderes religiosos.
“Estamos frente a una represión calculada contra cualquiera que se oponga al control total del poder por parte de Ortega y Murillo”, denunció Ariela Peralta, experta vinculada al informe más reciente de la ONU. Según este documento, el régimen ha eliminado prácticamente toda la forma de independencia institucional en el país.
Diversos organismos internacionales han manifestado su preocupación por el rumbo autoritario que ha tomado Nicaragua en los últimos años. La ONG International Christian Concern señaló que el poder ha quedado concentrado en manos de Ortega y Murillo, quienes incluso han transformado el aparato estatal para consolidar su autoridad, nombrando a Murillo como copresidenta de facto y subordinando los poderes legislativo y judicial al Ejecutivo.
Una de las situaciones más alarmantes fue la detención de 11 pastores evangélicos en noviembre de 2023. Estos líderes formaban parte del ministerio cristiano “Puerta de la Montaña”, con sede en Estados Unidos, y fueron arrestados tras organizar campañas evangelísticas de gran alcance en todo el país. El gobierno los acusó de delitos como lavado de dinero y crimen organizado, cargos que el ministerio rechazó tajantemente, calificándolos como fabricaciones motivadas por persecución religiosa.
Durante más de ocho meses, los pastores estuvieron privados de libertad en condiciones cuestionables. No pude tener contacto con sus familiares ni acceder a abogados de su elección, sino que fueron representados por defensores públicos de impuestos por el gobierno, quienes no les entregaron documentos ni facilitaron una defensa adecuada.
En marzo de este año, los líderes religiosos fueron sentenciados a entre 12 y 15 años de prisión y multados con cifras millonarias —más de 80 millones de dólares por persona. Frente a esta situación, la organización legal internacional Alliance Defending Freedom (ADF) presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando un proceso judicial manipulado.
Tras la intervención de la CIDH, los pastores finalmente fueron liberados. Sin embargo, el gobierno nicaragüense no ha ofrecido garantías para su seguridad, ni ha revocado las condenas ni eliminado las sanciones económicas impuestas.
Ahora, ADF Internacional está llevando el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo una condena formal al Estado nicaragüense por las violaciones cometidas. “Estos líderes nunca debieron haber sido encarcelados. El régimen debe responder por las injusticias cometidas y por la persecución sistemática contra la iglesia”, afirmó Kristina Hjelkrem, asesora legal de la organización.
Pese a las denuncias, el gobierno de Ortega ha ignorado repetidamente los llamados de la comunidad internacional. Tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos (OEA) han sido descalificadas por el régimen, que las acusa de formar parte de una supuesta campaña de desprestigio.
Rosario Murillo, por su parte, desestimó el más reciente informe de la ONU como una colección de “mentiras” y “calumnias”.
Nicaragua fue incluida en 2022 en la lista de Países de Especial Preocupación (CPC) por violaciones graves a la libertad religiosa, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. El informe apuntaba a acoso sistemático contra el clero y laicos católicos, investigaciones arbitrarias, cancelación de beneficios fiscales y restricciones a los servicios religiosos para presos políticos.
La inclusión se repitió en 2023, por recomendación de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), que en su informe más reciente advirtió que “las condiciones de libertad religiosa se han deteriorado considerablemente”, destacando la escalada de detenciones, expulsiones y confiscaciones contra instituciones religiosas.