Por primera vez, el Global Persecution Index 2025 —elaborado por International Christian Concern— ha incluido a Nicaragua como uno de los países donde los cristianos enfrentan ataques, arrestos y opresión sistemática, rompiendo una histórica neutralidad que el país mantenía en este índice.
Aunque la Constitución nicaragüense reconoce formalmente la libertad religiosa, en la práctica el gobierno de Daniel Ortega ha impuesto un régimen cada vez más autoritario que condiciona, restringe y castiga el ejercicio de la fe cristiana no alineada con sus intereses políticos.
Control estatal de la religión y la información:
Desde 2018, tras una ola de protestas ciudadanas, el gobierno ha intensificado una ofensiva contra cualquier voz independiente, incluidas las que provienen de comunidades religiosas. El control de la información se registra en el cierre o intervención de Medios de comunicación independientes, estaciones de radio cristianas, canales de televisión e incluso redes sociales.
Además, las autoridades han implantado restricciones al ingreso de biblias, prensa, libros y otros materiales impresos en puntos fronterizos como terminales terrestres, medida que ha sido denunciada como “altamente preocupante” por organizaciones internacionales defensoras de derechos religiosos y humanos.
Represión, arrestos y exilios forzosos
El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE) ha expresado en su último informe que el Estado nicaragüense no busca eliminar la Iglesia, sino someterla y moldearla políticamente, manipulando incluso la doctrina cristiana para que se adapte a la retórica del régimen.
Esta lógica se expresa en un marco normativo cada vez más restrictivo. La Ley 1145, conocida como “Ley de defensa de la soberanía”, ha sido utilizada para criminalizar a opositores bajo la figura de “traición a la patria”, incluyendo a sacerdotes, pastores y líderes laicos. Varios de ellos han sido forzados al exilio, privados de su nacionalidad o encarcelados sin garantías procesales.
Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide (CSW) e International Christian Concern han documentado detenciones arbitrarias, interrogatorios, vigilancia permanente y confinamientos prolongados contra líderes cristianos. Uno de los casos más denunciados es el del pastor evangélico Efrén Antonio Vílchez López, condenado a una pena desproporcionada en un proceso cuestionado por la falta de debido proceso y por el deterioro grave de su salud en prisión, según informes internacionales.
En el ámbito evangélico, aunque muchas iglesias optan por un perfil bajo para evitar represalias, la persecución no ha cesado. En 2024 se hizo público el arresto y posterior exilio de diez miembros de la Iglesia evangélica “Puerta de la Montaña”, un episodio que generó alarma entre las comunidades protestantes del país.Informes independientes han puesto en evidencia que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática que incluye vigilancia policial, prohibiciones de actos religiosos públicos y sanciones por expresarse fuera del guión oficial.
En 2025, Nicaragua escaló en el ranking de persecución de cristianos de la posición 50 a la 30 entre los peores países para los cristianos, según Open Doors International —un salto significativo que refleja el endurecimiento del contexto de libertad religiosa.
Cierre de iglesias y organizaciones religiosas
Según datos de organizaciones defensoras de la libertad religiosa, desde 2018 el régimen ha llevado a cabo un cierre masivo de organizaciones civiles y religiosas, muchas de ellas con décadas de presencia en el país.
Más de 5.000 organizaciones independientes han perdido su personería jurídica, incluyendo a más de 1.300 de carácter religioso, restringiendo la presencia y el trabajo de iglesias y ministerios no alineados con el gobierno. Estas cancelaciones permiten al Estado confiscar bienes, cerrar templos, expulsar congregaciones y disolver trabajos sociales, todo bajo criterios ambiguos y discrecionales como el “interés nacional”.
Lo que ocurre hoy en Nicaragua no es solo una crisis política: es una fractura profunda de las libertades fundamentales. Cuando un Estado decide regular la fe, censurar las biblias, silenciar a los pastores y exiliar a los sacerdotes, deja en claro que ninguna conciencia independiente es tolerable. La persecución de los cristianos en Nicaragua es una advertencia para toda la región. Allí donde se calla la voz de la Iglesia, se normaliza el autoritarismo y se vacía la dignidad humana.
Por Abigail Pajello