Desde la organización de derechos humanos CSW (Christian Solidarity Worldwide) publicaron hace unos días un informe en el que revelan que aún se continúa cercenando la libertad religiosa en Venezuela.
Los cambios que se han venido reflejando en el país a nivel político, según el informe, parecen no tener mucha incidencia en cuanto a la libertad de conciencia y de religión. El informe, titulado “Autocensura y control social: La situación de la libertad de religión o creencias en Venezuela”, señala que el gobierno venezolano busca mostrarse como garante de la libertad religiosa mediante programas de beneficios y ceremonias para grupos cercanos al régimen. Sin embargo, quienes critican al gobierno, intentan mantenerse independientes o rechazan estos incentivos enfrentan discriminación, amenazas, detenciones arbitrarias o la pérdida de determinados derechos.
El informe menciona casos de sacerdotes y pastores que fueron encarcelados acusados falsamente por el régimen. El documento evidencia el caso de la pastora Gricelia Josefina Solórzano Malpica, quien fue falsamente acusada de malversación genérica, malversación de fondos públicos, hurto agravado, malversación o desvío de bienes y conspiración para cometer un delito. La orden de detención de esta pastora provino directamente de Diosdado Cabello.
Aun cuando el miedo en la población se está perdiendo, todavía muchos pastores y creyentes, por temor, no quieren hablar de política y del régimen y se autocensuran. Es por eso que en muchas iglesias no se quiere mencionar el tema político. En el fondo lo que subyace es el temor a enfrentar represalias por parte del régimen.
La directora de Incidencia Política y Líder del Equipo para las Américas de CSW, Anna Lee Stangl, declaró: «Con o sin Maduro al mando, el Partido Unión Socialista de Venezuela (USV) sigue siendo responsable de violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo la persecución de líderes religiosos, la represión constante de la sociedad civil independiente e incluso la masacre y el desplazamiento forzado de grupos indígenas. La comunidad internacional debe garantizar que cualquier debate sobre el incierto futuro de Venezuela, establezca puntos de referencia para mejoras mensurables en la protección de la libertad de religión o creencias, así como para los actores religiosos y humanitarios, los pueblos indígenas y sus derechos espirituales».