Puerto Rico dio un paso significativo en el debate jurídico y social sobre la protección de la vida al sancionar una ley que reconoce al ser humano por nacer como persona natural desde el momento de la concepción, en cualquier etapa de gestación.
La gobernadora Jenniffer González confirmó la aprobación de la normativa, impulsada desde el Senado de la isla, que introduce modificaciones al Código Civil vigente. El proyecto, identificado como Senado 504, fue presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y contó con el acompañamiento de legisladores de distintas bancadas.
La nueva legislación establece de manera expresa que el nasciturus —el ser humano concebido y en desarrollo dentro del útero materno— posee condición de persona natural, sin distinción del tiempo de gestación. Para ello, se enmendaron los artículos 67, 69 y 70 de la Ley 55-2020, con el objetivo de aclarar su estatus jurídico.
Desde la Legislatura se argumentó que la medida busca afirmar la igualdad y dignidad de toda vida humana, independientemente de su condición o etapa de desarrollo. En ese marco, se señaló que este reconocimiento permitirá ampliar la protección del niño por nacer en áreas como la salud, los seguros médicos, los reclamos por daños y perjuicios, las donaciones, los derechos patrimoniales e incluso ciertas garantías vinculadas al ámbito laboral de los padres.
En paralelo, la gobernadora anunció una modificación al Código Penal que agrava las penas cuando un homicidio contra una mujer embarazada deriva también en la muerte del niño por nacer. En esos casos, el delito será tipificado como asesinato en primer grado.
La reforma fue denominada “Ley Keishla Madlane”, en memoria de Keishla Madlane Rodríguez Ortiz y del hijo que gestaba, víctimas de un crimen ocurrido en abril de 2021 que conmocionó a la sociedad puertorriqueña.
Desde el Senado destacaron que esta enmienda constituye una herramienta clave para enfrentar la violencia contra la mujer, al reconocer legalmente la doble pérdida de vida en este tipo de delitos y reforzar la responsabilidad penal de los agresores.
Con estas decisiones, Puerto Rico se suma al grupo de jurisdicciones que avanzan en el reconocimiento legal del no nacido, reabriendo un debate profundo sobre el valor de la vida humana, la justicia y la protección de los más vulnerables.