SANTO DOMINGO – Luego de más de dos décadas de intensos debates y presiones por parte de grupos que promueven la legalización del aborto, el Congreso Nacional de la República Dominicana ha dado un paso firme en defensa de la vida, al aprobar de manera definitiva una reforma integral del Código Penal que mantiene la protección del ser humano desde la concepción, conforme a lo que establece la Constitución dominicana.
La nueva legislación, que reemplaza un código vigente desde 1884, fue finalmente aprobada gracias al impulso del presidente Luis Abinader, quien extendió la legislatura para asegurar que este trascendental proyecto fuera discutido y votado. El Código será promulgado oficialmente por el Ejecutivo y entrará en vigor un año después.
Entre las numerosas reformas que contiene —más de 70 nuevos tipos penales y sanciones más severas para delitos graves como corrupción, terrorismo, abuso de poder, y violencia contra menores—, el punto más celebrado por los defensores de la vida es que se ratifica la penalización del aborto en todas sus formas, resistiendo las presiones de organizaciones extranjeras y grupos ideológicos que buscaban abrir las puertas a la cultura del descarte.
Esta decisión fortalece el compromiso del Estado dominicano con la defensa del más vulnerable: el niño por nacer. A pesar de las críticas de algunos sectores feministas y del Ministerio de la Mujer, que ven en la medida una supuesta amenaza a los derechos de las mujeres, la verdad es que no puede haber derechos verdaderos que se funden sobre la negación de la vida de otro ser humano.
El nuevo Código también introduce el cúmulo de penas para crímenes de alta gravedad, permitiendo condenas de hasta 60 años de prisión, y clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Asimismo, establece sanciones más duras para reincidentes y reconoce como punible la omisión de auxilio cuando se tiene el deber de actuar.
Desde el movimiento provida celebramos esta histórica victoria que representa un claro mensaje al mundo: en República Dominicana la vida humana vale desde el primer instante, y no nos dejaremos arrastrar por legislaciones que atentan contra ese principio fundamental.
Este avance legislativo no sólo fortalece la justicia penal, sino que marca un precedente ético y jurídico que puede inspirar a otras naciones de la región.