Mientras en distintos países europeos continúan los intentos de ampliar la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, recientes decisiones parlamentarias en Francia y el Reino Unido reflejan que la oposición a estas prácticas sigue teniendo peso político, ético y social.
En ambos países, iniciativas destinadas a permitir la muerte médicamente asistida encontraron obstáculos significativos durante las últimas semanas, reavivando el debate sobre la protección de las personas vulnerables, los límites de la medicina y el valor de los cuidados paliativos.
Francia fortalece los cuidados paliativos y rechaza la “muerte asistida”
El pasado 11 de mayo, el Senado francés aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley orientado a fortalecer el acceso a los cuidados paliativos.
Sin embargo, apenas un día después, la cámara alta volvió a rechazar la iniciativa impulsada por el gobierno para legalizar la denominada “muerte asistida”. Tras siete horas de debate, la propuesta fue rechazada por 151 votos contra 118.
Aunque la Asamblea Nacional ya había aprobado versiones similares en dos oportunidades, el Senado mantuvo su posición y se negó nuevamente a respaldar una legislación que muchos de sus integrantes consideran una línea ética que no debe cruzarse.
Los legisladores contrarios al proyecto sostuvieron que la eutanasia y el suicidio asistido modificarían profundamente la misión de la medicina, transformándola de una actividad centrada en sanar y acompañar a una orientada a provocar deliberadamente la muerte.
Quienes respaldaron el rechazo argumentaron que la verdadera dignidad humana se expresa mediante el cuidado, la solidaridad, el alivio del sufrimiento y el acompañamiento hasta la muerte natural.
La postura también ha sido respaldada por la Iglesia Católica francesa. A comienzos de este año, diversos obispos advirtieron que provocar intencionalmente la muerte no puede considerarse un avance humano y señalaron que una sociedad verdaderamente solidaria se distingue por la manera en que protege a los más vulnerables.
A pesar de la votación, el debate continúa abierto. El gobierno francés aún podría intentar una instancia de conciliación entre ambas cámaras legislativas para avanzar con la iniciativa.
El proyecto británico quedó sin efecto
En Inglaterra y Gales, un proyecto destinado a legalizar el suicidio asistido también encontró un freno, aunque por razones diferentes.
La propuesta, que había sido aprobada por la Cámara de los Comunes en junio de 2025, buscaba permitir el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales cuya expectativa de vida fuera inferior a seis meses.
El esquema contemplaba la aprobación de dos médicos y de un comité de expertos, además de exigir que la sustancia letal fuera administrada por el propio paciente.
Sin embargo, al llegar a la Cámara de los Lores, la iniciativa enfrentó un intenso proceso de revisión. Entre finales de 2025 y abril de 2026 se incorporaron más de 1.200 enmiendas, lo que ralentizó considerablemente su avance.
Finalmente, el Parlamento concluyó su período legislativo sin que el proyecto completara todos los pasos requeridos. De acuerdo con las normas parlamentarias británicas, cualquier iniciativa que no finaliza su trámite antes del cierre de la sesión caduca automáticamente y debe comenzar nuevamente desde cero si se desea reintroducirla.
Charles Falconer, uno de los principales promotores del proyecto, acusó a los opositores de utilizar mecanismos parlamentarios para retrasar deliberadamente su aprobación.
Encuestas reflejan preocupación ciudadana
El estancamiento legislativo coincidió con señales de creciente cautela entre la población británica respecto a este tipo de leyes.
Una encuesta realizada por More in Common mostró que solo el 29% de los ciudadanos apoyaba volver a presentar inmediatamente el mismo proyecto. En contraste, el 53% consideró que no debería retomarse o que debería incluir garantías mucho más estrictas.
Las preocupaciones se centraron especialmente en la protección de adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos terminales y ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica.
El estudio reveló que el 90% de los encuestados considera indispensable garantizar primero el acceso a cuidados paliativos antes de contemplar cualquier opción de suicidio asistido.
Además, el 71% respaldó la exigencia de autorización judicial obligatoria para cada caso, una medida que había sido eliminada durante el proceso legislativo.
Por otra parte, el 95% reclamó mecanismos estrictos para evitar presiones familiares, económicas o sociales sobre personas que pudieran considerar poner fin a su vida.
Estos datos muestran que incluso entre quienes apoyan el suicidio asistido en determinadas circunstancias, persiste una fuerte preocupación sobre las consecuencias prácticas de su implementación en sistemas sanitarios sometidos a presión y en contextos familiares complejos.
El debate llega también a Argentina
La discusión no es ajena a Argentina. En los últimos años se han presentado distintas iniciativas vinculadas a la eutanasia y el suicidio asistido.
Entre ellas se encuentra el proyecto impulsado recientemente por el diputado socialista Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, que se suma a propuestas promovidas por Pablo Juliano (UCR), Sergio Capozzi (PRO), Miguel Pichetto (PJ), Gabriela Estévez (Unión por la Patria), así como iniciativas presentadas anteriormente por Alfredo Cornejo y Julio Cobos.
Diversos sectores sostienen que antes de avanzar en este tipo de legislaciones debería abrirse un amplio debate público que incluya la opinión de la ciudadanía y el fortalecimiento de los cuidados paliativos como alternativa prioritaria para acompañar a quienes atraviesan enfermedades graves o terminales.
Mientras Europa continúa discutiendo los límites éticos de la eutanasia, las recientes decisiones de Francia e Inglaterra muestran que la defensa de la vida y la atención integral de los pacientes siguen ocupando un lugar central en el debate público.
Fuente: Zenit