En las últimas semanas, miles de migrantes, en su mayoría marroquíes, cruzaron de forma irregular desde Marruecos hacia la ciudad española de Ceuta, muchos de ellos a nado o bordeando el espigón fronterizo. La situación se intensificó a finales de julio de 2026 y generó una fuerte presión sobre los servicios de seguridad y acogida de la ciudad. Según las autoridades españolas, el aumento de llegadas responde a una combinación de factores, entre ellos las dificultades económicas y sociales en Marruecos, la actuación de redes de tráfico de personas y recientes cambios en el marco legal sobre las devoluciones de migrantes interceptados en el mar.
Las impactantes imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación mostraron a cientos de personas avanzando por el espigón fronterizo o lanzándose al mar para alcanzar territorio español, mientras efectivos de la Guardia Civil y de los servicios de rescate asistían a quienes lograban llegar a la costa. Frente a la magnitud de la crisis, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al Gobierno de España la declaración de la emergencia de interés nacional y la creación de un mando único para coordinar la respuesta, al advertir que la ciudad atraviesa una “emergencia humanitaria y social”. El Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazó esa petición por considerar que la legislación no contempla este tipo de flujos migratorios como supuesto para declarar una emergencia nacional, aunque anunció el refuerzo de los efectivos de seguridad y de los recursos de asistencia, además de intensificar la cooperación con Marruecos para controlar la frontera y agilizar la devolución de quienes ingresaron de manera irregular.
Por : Noelia Farías