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Cinco comunidades autónomas han decidido poner fin, suspender o establecer un calendario para la desaparición de las clases de lengua árabe y cultura marroquí que se imparten en centros educativos españoles. Madrid, Murcia, Aragón, Extremadura y Andalucía han tomado decisiones en los últimos meses respecto al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una iniciativa fruto de la cooperación educativa entre España y Marruecos que funciona desde 1985.
El programa permite que alumnos de origen marroquí escolarizados en España reciban clases de árabe y contenidos relacionados con la cultura de Marruecos. Las enseñanzas se desarrollan en centros educativos españoles y el profesorado es aportado por Marruecos, mientras que las administraciones educativas españolas facilitan los espacios.
Aragón elimina las clases en diez colegios
Aragón se ha convertido en uno de los últimos territorios en aplicar la retirada del programa. Este curso han desaparecido las clases de árabe y cultura marroquí que se impartían en diez colegios de Zaragoza.
La medida estaba contemplada en el acuerdo de Gobierno entre el Partido Popular y Vox. El Ejecutivo autonómico ha defendido además que existen motivos relacionados con la supervisión y la seguridad en los centros educativos.
La consejera de Educación, Carmen Susín, ha señalado que su departamento solicitó al Ministerio de Educación información sobre los docentes marroquíes encargados de impartir estas clases y que dicha documentación no fue facilitada.
Un programa vigente desde 1985
El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí comenzó a desarrollarse en España en 1985, dentro del marco de cooperación entre ambos países. Su finalidad era facilitar que los hijos de ciudadanos marroquíes residentes en España pudieran conservar el conocimiento de su lengua y determinados aspectos de su cultura de origen.
Durante décadas, el programa se ha mantenido en diferentes comunidades autónomas, aunque su continuidad ha generado un debate creciente sobre el modelo de integración y sobre la participación de Marruecos en la educación de alumnos escolarizados en España.
Quienes defienden el programa consideran que el mantenimiento de la lengua materna y de los vínculos culturales puede favorecer la integración de los alumnos. Sus detractores, en cambio, cuestionan que un Estado extranjero aporte y financie docentes que desarrollan su actividad dentro de centros públicos españoles y reclaman mayores garantías sobre el control y supervisión de los contenidos.
Marruecos plantea una posible respuesta
La decisión de las comunidades españolas ha abierto también un nuevo frente en las relaciones culturales entre ambos países. Medios de comunicación marroquíes han planteado la posibilidad de que Rabat responda a la retirada del programa con el cierre del Instituto Cervantes en Marruecos, institución española dedicada a la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura españolas.
La posibilidad supondría un nuevo episodio de tensión cultural entre España y Marruecos. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que Marruecos haya decidido cerrar los centros del Instituto Cervantes, por lo que se trata de una hipótesis difundida por medios de comunicación marroquíes.
El eventual cierre tendría además una dimensión simbólica. Mientras España permite desde hace décadas determinadas iniciativas de cooperación educativa marroquí dentro de sus centros escolares, la desaparición de una institución española dedicada a la enseñanza del español en Marruecos plantearía dudas sobre la reciprocidad en las relaciones culturales entre ambos países.
El debate sobre integración y soberanía educativa
La controversia trasciende la enseñanza de un idioma. En el fondo se encuentra el debate sobre cómo debe articularse la integración de las comunidades de origen extranjero y hasta qué punto los Estados de procedencia deben participar en los sistemas educativos de los países de acogida.
Las cinco comunidades que han decidido modificar o eliminar el programa lo han hecho con argumentos y calendarios diferentes. Mientras algunas ya han aplicado la medida, otras han establecido plazos para su desaparición.
El Gobierno central mantiene, por su parte, la competencia general en materia de relaciones internacionales y ha defendido históricamente este tipo de acuerdos de cooperación educativa.
La decisión abre ahora una nueva etapa en una cuestión que durante años se ha desarrollado con escasa atención pública: qué papel debe tener un Estado extranjero en la educación impartida dentro de los colegios públicos españoles y cuáles deben ser los límites de la cooperación cultural entre ambos países.
Katherine Vallejos