Siete organizaciones que han respaldado las movilizaciones estudiantiles en Francia o se han pronunciado sobre la actuación policial mantienen vínculos financieros o institucionales con Open Society Foundations, la red de fundaciones impulsada por el multimillonario estadounidense George Soros.
Las protestas estudiantiles que se han extendido por Francia durante las últimas semanas han contado con el respaldo de diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos. Algunas han participado en las convocatorias y otras han intervenido públicamente para denunciar la actuación de las fuerzas de seguridad.
Una información publicada por La Gaceta el pasado 21 de octubre identifica a siete entidades con conexiones de distinto alcance con Open Society Foundations: la Liga de los Derechos Humanos (LDH), Human Rights Watch, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Amnistía Internacional, 350.org y Attac Francia.
Financiación y presencia en las protestas
Uno de los casos más claros es el de la Liga de los Derechos Humanos francesa. La Cour des comptes (Tribunal de Cuentas francés) confirmó en un informe publicado en 2021 que la asociación había recibido financiación de Open Society en 2017. Su sección de Nantes llamó a respaldar la movilización estudiantil del 17 de octubre y convocó una concentración en la plaza Foch. La entidad suscribió, además, una petición de organizaciones estudiantiles con diez medidas sobre educación y condiciones de vida.
Human Rights Watch mantiene una relación económica de larga duración con la fundación de Soros. En septiembre de 2010, Open Society anunció un compromiso de financiación de 100 millones de dólares durante diez años para ampliar la presencia internacional de la organización. El pasado 14 de octubre, HRW publicó un análisis sobre las protestas francesas en el que denunció un uso excesivo de la fuerza policial y reclamó protección para los menores que participaban en las movilizaciones.
Las cuentas de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) correspondientes a 2024 recogen ingresos de 620.616,71 francos suizos procedentes de Open Society Foundations. Estos fondos estaban vinculados a su programa de movilización de la red SOS-Torture.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) incluye igualmente a Open Society entre sus socios financieros privados. Ambas organizaciones, junto a la Liga de los Derechos Humanos, firmaron un comunicado el 9 de octubre en el que cuestionaban la respuesta policial y judicial ante las protestas estudiantiles y reclamaban investigar posibles abusos.
Amnistía Internacional, 350.org y Attac Francia
La relación financiera alcanza asimismo a Amnistía Internacional. Las cuentas de Amnesty International Limited de 2024 atribuyen principalmente a una aportación de Open Society Foundations el incremento de sus ingresos por subvenciones. En Francia, la organización ha defendido el derecho de reunión pacífica y denunciado el uso desproporcionado de la fuerza policial. No obstante, la financiación documentada corresponde a la estructura internacional y no acredita una transferencia específica a su sección francesa para estas movilizaciones.
En el caso de 350.org, su informe anual de 2021 incluye a Open Society entre las entidades que respaldaron su trabajo. Su sección francesa forma parte del Mouvement du 26 septembre y presentó el 17 de octubre como una jornada de convergencia de las protestas.
La séptima organización es Attac Francia, que llamó expresamente a participar en las movilizaciones de ese mismo día. La entidad figura también como coeditora de un informe europeo de 2017 sobre política energética, cuya edición francesa recibió financiación parcial de Open Society Initiative for Europe.
Las conexiones financieras, bajo el foco
Los vínculos entre estas organizaciones y la fundación de Soros no son todos iguales. En algunos casos se trata de aportaciones económicas directas; en otros, de financiación de proyectos o colaboraciones institucionales. Tampoco hay documentación que demuestre que Open Society haya financiado directamente los disturbios, incendios o saqueos registrados durante las protestas.
La cuestión que queda sobre la mesa es el papel que desempeñan las grandes fundaciones internacionales en el activismo europeo. La financiación privada de organizaciones sociales es legítima, pero conocer su procedencia, los proyectos que respalda y el destino de los recursos permite a los ciudadanos comprender mejor quién participa en el debate público y con qué medios cuenta.
La transparencia en estas relaciones es especialmente importante cuando las organizaciones financiadas tienen presencia en movilizaciones que trascienden el ámbito social y adquieren una dimensión política.

Periodista y reportera, especializada en política estadounidense, batalla cultural y fe cristiana en la vida pública.
