El representante a la Cámara por Antioquia, Luis Miguel López Aristizábal, presentó ante el Congreso de Colombia un proyecto de ley para prohibir la maternidad subrogada, a fin de “frenar la explotación reproductiva de las mujeres y evitar que los niños sean convertidos en objeto de transacciones”, defendiendo la dignidad de las mujeres y los niños.
En Colombia, la gestación subrogada no está prohibida. Sin embargo, la actividad sigue operando en un vacío legal que la ha convertido en una industria millonaria que esconde, bajo “fines altruistas”, un mercado que involucra agencias intermediarias, clínicas, bufetes de abogados y, por supuesto, a cada vez más mujeres que, en medio de la vulnerabilidad económica, encuentran en la gestación subrogada una fuente de ingresos. El proceso puede llegar en Colombia a los 100.000 dólares, una cifra cuyas ganancias quedan principalmente en manos de los intermediarios y no de la mujer que gesta al bebé.
Desde 2009, y tras la identificación de la Corte Constitucional sobre el vacío normativo en que se encuentra la gestación subrogada, el Ministerio de Justicia ha presentado 18 iniciativas para normativizar esta actividad, de las cuales ninguna prosperó. Mientras, en paralelo, el mercado de subrogación siguió creciendo en el país, llegando a convertirse en uno de los principales destino de turismo reproductivo en América Latina, gracias a sus costos relativamente bajos, a abogados especializados en la materia, clínicas ya consolidadas y una legislación con una amplia zona gris que permite el acceso a padres solteros y/o parejas parejas del mismo sexo.
El proyecto de ley presentado busca cambiar este escenario y crear el tipo penal de explotación reproductiva mediante maternidad subrogada, ya sea gratuita o comercial, sancionando a quienes la promuevan, intermedien, financien u organicen, “con penas de 120 a 192 meses de prisión y multas de 500 a 1500 salarios mínimos”, con agravantes cuando exista vulnerabilidad de la mujer.
Sin embargo, la iniciativa no busca penalizar a la mujer que gesta al bebé. Por el contrario, uno de sus principales objetivos es protegerla frente a una práctica que, según sus impulsores, puede aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad económica y social. La responsabilidad penal recaería sobre quienes promuevan, financien, intermedien u organicen estos procedimientos, y no sobre las mujeres que sean utilizadas como gestantes.
La normativa alcanzaría además a ciudadanos colombianos que hayan ejecutado total o parcialmente la maternidad subrogada en el extranjero. Asimismo, determinaría que la madre de los niños gestados o nacidos en Colombia es la mujer que los gesta y da a luz.
La propuesta también ha recibido el respaldo de personas que conocen la práctica desde una experiencia personal. Olivia Maurel, escritora del libro ¿Dónde estás, mamá? y nacida mediante maternidad subrogada, aportó su mirada durante un foro sobre esta práctica. Maurel ha relatado públicamente las consecuencias emocionales que puede producir la separación entre la madre gestante y el bebé después del nacimiento. Durante el foro, Maurel afirmó: “Es muy importante que esta ley se pase porque va a proteger a las mujeres más vulnerables de Colombia y a los niños de nacer bajo esta práctica y de tener que sufrir las consecuencias del lobby de la subrogancia”. Agregó además: “hagan esto por su país, por sus mujeres y por sus hijos”.
Por Abigail Pajello
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