En Nicaragua, la fe siempre tuvo rostro de pueblo. No se vivía solo dentro de los templos, sino en las calles, en las plazas, en cada barrio donde una procesión detenía el tránsito y abría paso al silencio, a la oración y a la memoria de Cristo.
Pero eso cambió.
Desde la crisis social que estalló el 18 de abril de 2018, cuando protestas contra reformas impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega dejaron decenas de muertos en pocos días, el país entró en una etapa de fuerte confrontación política. Las manifestaciones fueron declaradas ilegales y la tensión creció en todos los niveles.
La Iglesia Católica, que intentó mediar en medio del conflicto y acompañó a los manifestantes y a las familias de las víctimas, pasó rápidamente de mediadora a señalada. Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo acusaron al clero de formar parte de un supuesto intento de golpe de Estado. Desde entonces, la relación entre el gobierno y la Iglesia se deterioró de manera sostenida.
En 2023, las restricciones dieron un paso más: se prohibieron las procesiones y celebraciones religiosas fuera de los templos. La Policía Nacional notificó a los sacerdotes que toda actividad litúrgica debía realizarse exclusivamente dentro de las iglesias. Semana Santa, Corpus Christi y Cristo Rey, celebraciones históricas y masivas, quedaron confinadas a espacios cerrados.
De acuerdo con la abogada e investigadora exiliada Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, entre 2019 y 2026 se habrán prohibido más de 27.000 procesiones en el país. Además, sacerdotes fueron obligados a entregar a la policía datos personales de integrantes de grupos parroquiales, lo que genero temor entre fieles y comunidades enteras.
La presión también impactó en el plano internacional. Las relaciones con el Vaticano fueron suspendidas y el papa Francisco manifestó públicamente su preocupación por la persecución de sacerdotes, obispos y laicos, recordando que no puede haber verdadera paz sin libertad religiosa.
A esto se suman decisiones que afectan directamente la vida interna de la Iglesia, como la eliminación del fondo de retiro para sacerdotes jubilados, que durante años fue sostenido por colectas de los fieles.
Hoy, en Nicaragua, la fe sigue viva. Pero ya no camina por las calles. El Vía Crucis se reza puertas adentro, en voz más baja, bajo la mirada atenta de un Estado que controla cada expresión pública.
Lo que antes era una manifestación abierta de creencias compartidas se convirtió en un símbolo de las nuevas restricciones. Y para muchos creyentes, el silencio en las calles durante Semana Santa no es solo ausencia de procesiones: es la señal visible de un país donde la libertad religiosa atraviesa uno de sus momentos más delicados.